Según el sitio, las pruebas obtenidas por la investigación, que alcanzó a 37 personas, incluyendo siete generales, deben pesar en la decisión final si el caso avanza en la Justicia.
La indagación señala 24 militares involucrados en un plan que incluía el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre ellos los generales y exministros Walter Braga Netto y Augusto Heleno.
De acuerdo con la PF, el grupo participó en la creación del plan llamado Daga verde y amarilla, que también preveía la eliminación del vicepresidente Geraldo Alckmin y de Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF).
UOL asegura que por primera vez militares de alto rango son acusados por asonada golpista en el gigante sudamericano.
Si los militares se convierten en acusados, el caso será juzgado por el STF.
Los eventuales denunciados serán analizados por la corte porque los crímenes cometidos no son de la esfera militar, sino un atentado contra las instituciones y la propia democracia.
El STF y uno de sus ministros fueron víctimas del complot. El Supremo «va a juzgar porque fue víctima directa», afirmó el doctor en Derecho Pedro Serrano, citado por UOL.
La denuncia contra los indicados por la PF será decidida por la Procuraduría General de la República.
El pedido de procesamiento de 37 personas fue enviado a De Moraes, quien debe remitir este martes el informe a la Fiscalía General.
No todos deben ser denunciados, pero hay posibilidad de que algunos de ellos sean condenados, según consideran expertos en Derecho escuchados por el portal.
La pesquisa policial develó audios con las comunicaciones de la trama golpista entre los uniformados.
También, la PF monitoreó el movimiento de los imputados desde sus teléfonos celulares, lo cual permitió descubrir la ubicación exacta de cada uno de ellos, si estaban reunidos o en alguna posición estratégica.
La fuerza de orden pública acusó al exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022) y a otras 36 personas por los delitos de intento de abolir el Estado Democrático de Derecho (cuatro a ocho años de prisión), intento de golpe de Estado (cuatro a 12 años) y organización criminal (tres a ocho años).
Para algunos analistas, el aparato militar no se mueve sin órdenes, son muy rígidos. Aparentemente la orden fue dada desde un nivel superior (Bolsonaro) y este argumento se conocerá detalladamente cuando se levante el secreto de la acción.
«Tuvimos varios intentos de golpe y nunca un militar golpista fue castigado», subrayó el profesor Carlos Fico, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, aludido por UOL.
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