En virtud de la autoridad que me confiere la Ley de la República N.º 10867, se le ordena a la ciudadana Sara Duterte que se presente en la Oficina del Director de la NBI antes del 29 de noviembre de 2024 para prestar su testimonio en una investigación que se llevará a cabo en ese momento y lugar, se lee en la citación firmada por el titular de la Oficina Nacional de Investigaciones, Jaime Santiago.
Esto es para arrojar luz sobre la investigación por presuntas amenazas graves según el artículo 282 del Código Penal Revisado, y la posible violación de la Ley Antiterrorista de 2020, agregó Santiago.
Durante una sesión informativa virtual celebrada el pasado 23 de noviembre, Duterte dijo que ya había contratado a un asesino para ultimar al presidente Marcos, a la primera dama Liza Araneta-Marcos y al presidente de la Cámara de Representantes, Martin Romualdez, si ella era asesinada primero.
La vicepresidente filipina señaló expresamente que su directiva al supuesto sicario para matar a las cabezas de los poderes Ejecutivo y Legislativo del país no era ninguna broma.
Dicha conferencia de prensa se llevó a cabo después de que el Comité de Buen Gobierno y Responsabilidad Pública de la Cámara de Representantes (Parlamento) ordenara el traslado de la jefa de personal de Duterte, la subsecretaria Zuleika López, del centro de detención de la Cámara a la Institución Correccional para Mujeres en la ciudad de Mandaluyong.
López fue citada por desacato el 20 de noviembre por «interferencia indebida» en la investigación del comité sobre el uso de fondos confidenciales por parte de la Oficina del Vicepresidente.
Por su parte, el Departamento de Justicia (DOJ) respaldó al NBI en la entrega de la citación a Duterte en su oficina en la ciudad de Mandaluyong.
El DOJ reitera su postura de que las amenazas realizadas por cualquier funcionario público, independientemente de su cargo, no serán toleradas y deben abordarse a través de los canales legales apropiados, aclaró en un comunicado.
La instancia agregó que el NBI inició las operaciones de búsqueda y captura para encontrar al presunto asesino contratado por la vicepresidenta Duterte y hacerlos responsables.
Las acciones tomadas hoy demuestran firmemente la dedicación del gobierno filipino para garantizar que todos los funcionarios operen dentro de un marco de integridad y responsabilidad, apuntó el Departamento de Justicia.
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