Según reportes en medios locales, el próximo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podría pedir cárcel para el alcalde demócrata de Denver, Mike Johnston, por su promesa de proteger a los inmigrantes en la capital de Colorado tras la promesa de Trump de las expulsiones, particularmente en las ciudades santuario.
“Todo lo que tiene que hacer es analizar el caso Arizona vs. Estados Unidos y verá que está violando la ley”, dijo Homan, quien ocupó el cargo de director interino del ICE en el primer gobierno del republicano (2017-2021).
En una entrevista concedida a Fox News, Homan subrayó de manera irónica: “el alcalde de Denver y yo estamos de acuerdo en una cosa. Él está dispuesto a ir a la cárcel, yo estoy dispuesto a encarcelarlo”.
Cuando se le preguntó si las ciudades santuario están violando la ley al limitar o impedir que sus autoridades locales cooperen con el gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración, dijo que sí.
“Vamos a hacer el trabajo, el presidente Trump tiene un mandato para el pueblo estadounidense. Tenemos que proteger este país y tenemos que salvar vidas estadounidenses”, acotó Homan.
Comentó que el presidente Trump ha sido claro, “queremos concentrarnos en las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional”, por eso consideró que le parece “chocante que cualquier alcalde de la ciudad diga que no quiere que se eliminen las amenazas a la seguridad pública de sus vecindarios”.
Las observaciones de Homan siguen a afirmaciones previas en las que intimidó con recortar la financiación de los estados que se niegan a cooperar con los planes de deportación del gobierno federal.
Karoline Leavitt, portavoz del equipo de transición de Trump y secretaria de prensa entrante, expresó sin medias tintas que el presidente electo “utilizará todos los poderes federales y estatales necesarios para instituir la mayor operación de deportación de delincuentes ilegales, narcotraficantes y traficantes de personas en la historia de Estados Unidos”.
Una ciudad santuario es un lugar que tiene políticas diseñadas para limitar la colaboración o el involucramiento en la aplicación de las leyes de inmigración por parte de autoridades federales, protegiendo así a los migrantes de una eventual deportación o detención por parte de las autoridades migratorias.
La historia se remonta a 1979, Los Ángeles (California), instó a la policía a dejar de interrogar a algunas personas a quienes se les quería determinar su estatus migratorio.
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