Según el informe policial desclasificado, también los uniformados golpistas pretendían eliminar al vicepresidente Geraldo Alckmin y al ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal.
De acuerdo con el documento policial entregado a De Moraes, las pruebas reunidas demuestran inequívocamente que Bolsonaro «planeó, actuó y tuvo el dominio de forma directa y efectiva de los actos ejecutorios realizados por la organización criminal que tenía como objetivo la concreción de un golpe de Estado y la abolición del Estado Democrático de Derecho».
La PF precisa que el complot no ocurrió solo por hechos «ajenos a la voluntad» del exgobernante (2019-2022).
En conjunto, la indagación enumera ocho episodios para señalar el papel del exjefe del Ejecutivo en el intento golpista y afirma que la tentativa solo no fue adelante por la negativa de los comandantes del Ejército y la Aeronáutica en ese momento, además la mayoría del alto mando del Ejército no se sumó al golpe.
También la pesquisa apunta a la participación en «acciones de presión al comandante del Ejército».
La fuerza de orden pública cita la denominada Carta al Comandante del Ejército de Oficiales Superiores de la Activa del Ejército Brasileño, que, según las averiguaciones, fue elaborada y difundida con «la ciencia y autorización de Bolsonaro».
De Moraes envió finalmente este martes a la Fiscalía General de la República el informe de la investigación sobre las acciones golpistas.
El juez puso al desnudo el secreto del documento, pero lo mantuvo para la delación premiada del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro.
Trascendió que será para febrero la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre si denunciar o no al político ultraderechista y a otros 36 acusados por el supuesto plan de golpe de Estado.
Con el documento policial en sus manos, la PGR podría archivar el caso, presentar imputación o pedir más investigaciones.
Si se denuncia, De Moraes podrá aceptar la acusación y habrá una acción penal.
De acuerdo con el magistrado, en el caso de la investigación en curso, había la necesidad de cumplir con las numerosas diligencias establecidas.
En principio, exigían la imposición de secreto para la realización de las medidas de investigación.
Sin embargo, «ante la presentación del informe final y el cumplimiento de las medidas requeridas por la autoridad policial, no hay necesidad de mantener la restricción de publicidad», escribió.
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