La medida continuará, según el decreto, en los distritos limeños de Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho – Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador, así como en el de Ventanilla, en la adyacente provincia portuaria del Callao.
La medida no ha dado resultado, según sondeos de opinión y comentarios de especialistas en seguridad y de la prensa que argumentan los casi diarios asesinatos y atentados contra quienes no pagan cupos a los extorsionadores.
Los críticos del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, han recordado en varias oportunidades su compromiso de renunciar si al término del estado de emergencia no lograra éxito.
El titular, sin embargo, declaró recientemente que sí logra avances, contra la percepción mayoritaria, y seguirá en el cargo, pues el primer ministro, Gustavo Adrianzén, declaró esta semana que defiende la estabilidad del gabinete ministerial.
El estado de emergencia conlleva la participación de las Fuerzas Armadas en respaldo de la Policía y la suspensión de garantías y derechos constitucionales como los de reunión, libre tránsito, reunión, inviolabilidad domiciliaria y detención solo con orden judicial.
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