La normativa estipula la puesta en marcha de un plan nacional de derechos humanos que estará administrado por el Instituto Nacional de Estadística para atender y garantizar la inclusión plena de dicho segmento de la población, y la creación de un registro destinado a contabilizar todos los individuos de ese grupo étnico.
Contempla la incorporación de la historia afrodescendiente en los programas educativos del país, la implementación de sanciones contra actos discriminatorios y también de iniciativas de fomento a un entorno de igualdad y respeto.
La reglamentación de esta ley fue posible gracias a la labor de diversas instituciones del país suramericano y fue coordinada por la Secretaría Nacional de Cultura.
Al promulgarla, el presidente Santiago Peña enfatizó en que se busca con la misma garantizar la participación plena de las personas afrodescendientes en las distintas entidades públicas, hacer valer sus derechos e incorporar su legado en la historia de Paraguay.
“Nuestro Gobierno está firmemente comprometido con hacer realidad la garantía constitucional de la igualdad y con luchar decididamente contra la discriminación racial en todas las formas que se presenten”, sostuvo.
mem/ymr
