Tal medida modifica el Código Penal para permitir la consulta pública del nombre completo y el número de inscripción en el Registro de Persona Física (CPF) de los condenados por delitos contra la dignidad sexual.
Se garantiza la confidencialidad del proceso y de la información relativa a la víctima.
Antes de la enmienda, los procesos por delitos contra la dignidad sexual se tramitaron en secreto, sin que la información fuera puesta a disposición.
De acuerdo con el texto, aprobado por el Congreso Nacional, el registro debe informar también del crimen por el cual el acusado fue condenado.
Si es exonerado posteriormente, la información vuelve a ser confidencial.
El proyecto de ley fue certificado por el Senado federal el 30 de octubre y los partidarios de la propuesta defienden que el registro puede evitar que las escuelas u otros lugares que se ocupan de niños y menores contraten personas condenadas por pedofilia.
La propuesta es de autoría de la senadora Margareth Buzetti y fue relatada en la Cámara baja por la diputada Soraya Santos.
Se consideran crímenes contra la dignidad sexual las violaciones de menores y sexual mediante fraude, el acoso sexual, la transgresión de un vulnerable, la corrupción de infantes, la divulgación de escenas de violación, sexo o pornografía.
También la mediación para servir a la lujuria de otros, casa de prostitución, coqueteo y explotación sexual.
«Los delitos sexuales contra niños y adolescentes representan una de las violaciones más graves de los derechos humanos en Brasil, y tratar este tema implica múltiples desafíos», afirma la integrante del Instituto DH, Elenir Braga.
En mayo de 2024, se registraban 11 mil 692 denuncias relacionadas con la violencia sexual de este público en el gigante sudamericano, según datos de la Oficina Nacional de Derechos Humanos.
Para la Organización Mundial de la Salud, tales estadísticas muestran que, en Brasil, 320 niños y adolescentes son explotados sexualmente cada 24 horas.
El número puede ser aún mayor, pues solo siete de cada 100 casos son denunciados. El estudio también aclara que el 75 por ciento de las víctimas son niñas y, en su mayoría, negras.
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