La protesta cuenta con el respaldo de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT) y están programadas movilizaciones en unas 15 ciudades del país, incluida la capital.
Una publicación de la CUT en su cuenta de X señala que la paralización de labores tiene también el propósito de apoyar el pliego de peticiones del sector y el reajuste real de salarios, cuyas negociaciones comenzarán el viernes.
Jornada laboral inmediata de 40 horas semanales, sin escalonamientos como ocurre en la actualidad, normas de salud mental, equidad de género y un ajuste de remuneraciones por encima del índice de inflación anual, son algunas de las exigencias.
Un punto central en el descontento de los empleados públicos es el cambio realizado por la actual directora de la Contraloría General de la República, Dorothy Pérez, para determinar el concepto de “confianza legítima”.
Se trata de una figura legal chilena que es clave para la renovación de contratos laborales en el sector.
Antiguamente un trabajador podía argumentar este principio ante la misma Contraloría, cuando había sido recontratado dos veces consecutivas y deseaba continuar en su puesto.
A partir de ahora tienen que esperar cinco años para invocarlo y el trámite debe hacerse en un tribunal de justicia, lo cual resulta más demorado y el resultado es imprevisible.
El Colegio Nacional de Profesores de Chile decidió unirse a la convocatoria de la ANEF Y la CUT, por lo cual la actividad docente también estará suspendida.
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