En declaraciones a la emisora radial KW Continente, el también vocero de la alianza Pueblo Unido por la Vida, denunció que la iniciativa que debaten ahora los diputados de la comisión de Salud y Trabajo, no es el resultado de consensos entre diversos sectores sociales convocados hace dos meses a mesas temáticas sobre reformas a la estatal Caja de seguro Social( CSS).
Andrade alertó que como en otras ocasiones, el Ejecutivo quiere imponer las propuestas del empresariado privado que defiende las cuentas individuales, fórmula que ha sido catalogada como un fracaso por estudios recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que recomiendan volver al sistema solidario en el pago de pensiones.
De igual manera, alertó sobre chantajes de los ministros de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; de Salud, Fernando Boyd; y del actual director de la CSS, el empresario Dino Mon, que amenazan con que si no se aprueban los cambios tal como ellos presentaron, en 2025 se verían afectados los pagos a jubilados, como consecuencia del agotamiento de recursos financieros.
La Conusi y la alianza lo que exigen no son modificaciones parciales o de capítulos al llamado proyecto 163 que prevé reformas de maquillaje a la Ley 51 sobre la CSS, según explicó, sino que se elabore un nuevo documento con la participación real e inclusiva de los trabajadores, sus principales contribuyentes, y que ese texto responda a sus intereses.
El líder sindical también repudió que los autores del proyecto del Gobierno ni siquiera han presentado a los diputados, pero tampoco a los representantes de las organizaciones sociales los sustentos financieros o corridas de las reformas por aplicar al sistema de pensiones, herramienta que insisten se muestre con transparencia para justificar los montos y propuestas como elevar la edad de jubilaciones tres años y las cuota obrero patronales.
También alertó que, como demuestran los informes de la OIT, las cuentas individuales son una expresión de la política privatizadora de los servicios de la seguridad social.
El Gobierno, dijo, va de mentira en mentira sobre un proyecto que es insostenible en el orden científico y técnico, e inaceptable para las mayorías.
En ese sentido, instó a que el debate sobre esta medida en una de las esferas más neurálgicas de la sociedad panameña se haga sin apresuramientos ni imposiciones dictatoriales, ofensas o amenazas, como las proferidas recientemente por el presidente de la República, José Raúl Mulino.
Sobre este proceso, el propio Mon precisó que ahora corresponde que los criterios expuestos por la ciudadanía ante la Comisión de Salud y Trabajo del Legislativo sean valorados para analizar posibles soluciones y decidir si el proyecto 163 se va a aceptar como lo recibieron, merece modificaciones o su rechazo.
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