“El mayor ha aceptado acogerse a la figura jurídica de procedimiento abreviado. Se ha suscrito el día viernes un convenio, vamos a llamarlo de esa forma, en el que efectivamente, acepta de que los hechos han sucedido de la forma como ha establecido el Ministerio Público y los denunciantes”, afirmó el abogado defensor, Eusebio Vera.
Añadió en entrevista concedida al canal privado DTV, que el militar renunció a un juicio oral público y contradictorio y aceptó la pena de tres años de presidio para precisamente acogerse a esa figura jurídica.
Informó que se presentó ya el memorial correspondiente, adjuntando ese acuerdo, y se está a la espera de que el Ministerio Público entregue su resolución en las próximas horas ante el órgano jurisdiccional.
La tarde del 26 de junio, el exjefe del Ejército general Juan José Zúñiga movilizó a cientos de efectivos encapuchados, artillados con tanquetas y fusiles de calibre de guerra, con quienes tomó la plaza Murillo (epicentro político del Estado Plurinacional).
En sus proximidades, sesionaban el Gobierno encabezado por el presidente Luis Arce, y las cámaras de Diputados y de Senadores.
La decisión de Arce de enfrentar esa asonada, la movilización ciudadana transmitida en directo por los medios de comunicación masiva y el respaldo internacional de otros gobiernos conjuraron la acción castrense planificada con anterioridad.
Tras el fracaso de la intentona, Zúñiga, sus cómplices y los subordinados fueron aprehendidos, hasta el momento suman 100 las personas investigadas y al menos 27 de ellas con medidas cautelares.
El exjefe de Inteligencia es el segundo oficial implicado en esa acción golpista que se somete a juicio abreviado, después de un capitán de ese órgano castrense, subordinado directamente a Zúñiga.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, confirmó el 1 de agosto último que el Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas bolivianas determinó la baja definitiva de cinco generales involucrados en el fallido golpe.
Aseguró que “esta resolución, en la parte disciplinaria, de acuerdo con las normas militares, ha determinado la baja de estos cinco generales. Consiste en la separación definitiva del servicio activo, sin goce de haberes, grado, honores y uniforme (…)”.
Novillo afirmó que esa fue la determinación asumida por la instancia que juzga a los militares de más alto rango.
El expediente investigativo incluyó a los tres excomandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y de la Armada Boliviana, además de otros dos generales que permanecen en detención preventiva.
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