La posibilidad de restablecer la minería metálica, una idea lanzada por el presidente Nayib Bukele, puso en escena el debate entre opositores y partidarios de la iniciativa.
Unos ven la explotación de supuestas grandes reservas de oro como un salvavidas que aporte recursos a los proyectos gubernamentales para lograr el milagro económico, mientras otros lo aprecian como un paso que dañaría de manera irreversible el ambiente, en especial las aguas y el suelo.
El tema amenaza con mantenerse en la escena política, pero la apuesta si se lleva a votación en la Asamblea Legislativa avanzará dada la mayoría absoluta del partido de Bukele.
La intención del Gobierno consiste en revertir la negativa a la explotación minera y demostrar que las tecnologías modernas serán amigables con el ambiente y no haya consecuencias para la población.
Por otro lado, recibió un amplio destaque el resultado de las fuerzas de seguridad, en especial la Marina Nacional que, en solo 24 horas, capturó en aguas del océano Pacífico más de dos toneladas de cocaína, para arribar a las 47.7 toneladas de narcótico desde 2019.
Según el ministro de Defensa René Merino, desde que entró en vigor el régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, se contabilizan 28.7 toneladas decomisadas, con valor de 689.4 millones de dólares.
En este año llevamos 15.5 toneladas, aquí incluye la droga que se incauta en tierra también, pero solo en alta mar son 15.1 toneladas, estos son 391.8 millones, agregó.
Por otra parte, la segunda moneda de curso legal en El Salvador, el bitcoin, se mantuvo cerca de los 100 mil dólares, aunque algunos expertos consideran que puede bajar de los 90 mil, en un vaivén especulativo como la calificó el economista salvadoreño Cesar Villalona.
Entretanto, la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) de Santa Marta rechazó un fallo judicial que anula la absolución para un grupo de líderes ambientalistas.
La comunidad, en el departamento de Cabañas, fue una de las que impulsó la prohibición de la minería metálica y con frecuencia denunció planes de abrir de nuevo esa actividad a empresas extranjeras, y su impacto sobre el ambiente y el agua del país.
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