Luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, destapó el tema, surgieron críticas que alertan las practicas mineras en busca de oro con el uso de mercurio y cianuro envenenarían un recurso crítico en el país, las aguas, en especial las del rio Lempa.
La víspera, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar, se sumó a las críticas y llamó a las autoridades a recapacitar en su empeño.
Un comunicado del Arzobispado explicó que la prohibición de la minería no fue un logro de partidos políticos y de ideologías, sino de la población, que será victimizada de la peor forma.
Como iglesia pedimos a las autoridades de nuestro país considerar que la prohibición fue y continúa siendo una muestra del valor primario que el pueblo dio al derecho a la vida y a la salud, aseveró el documento.
La máxima autoridad religiosa salvadoreña exhortó a buscar caminos de desarrollo económico «sin detrimento a la vida y la salud del pueblo».
Las opciones manifestadas por el gobierno para obtener riquezas e impulsar el desarrollo, financiando infraestructura y generar empleos, al parecer son una trampa que deteriorará el medio ambiente aunque se exploten los recursos auríferos de “manera moderna y responsable”, como señaló el gobernante.
La apelación de la iglesia salvadoreña coincidió con un llamado de los obispos centroamericanos la semana última en el que pidieron a los gobiernos de la región no permitir la explotación minera.
Los prelados centroamericanos reunidos en San Salvador los días del 25 al 29 de noviembre, dijeron en su apelación que es «necesario priorizar la vida humana y el medio ambiente sobre los intereses económicos» que «perpetúan el daño social y ecológico» e llamaron a adoptar «políticas responsables y sostenibles».
Mientras debe incrementarse el debate, Bukele no se pronunció nuevamente tras calificar de absurda la prohibición de la minería en El Salvador y favorecer su reinicio para generar riquezas y desarrollar el país con la obtención de fondos por más de tres billones de dólares.
La prohibición de la minería metálica fue aprobada en abril de 2017 cuando la iglesia católica, movimientos sociales, Cáritas de El Salvador y la universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), entre otros, presentaron la propuesta a la Asamblea Legislativa.
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