Mediante un comunicado, la entidad recordó primero su reconocimiento a los esfuerzos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en contra de la corrupción y defraudación, a partir de que presentara a mediados de agosto pasado esta red criminal constituida por 410 empresas.
Pidió además que en forma efectiva se dicten medidas ejemplares en relación con las entidades y autores intelectuales responsables tras el debido proceso.
Las investigaciones que se oficien en contra de funcionarios de la SAT deben contar con las pruebas fehacientes y enmarcarse en principios de objetividad e imparcialidad, remarcó.
Distintos sectores expresaron antes aquí su repudio a la supuesta pesquisa que lleva a cabo el Ministerio Público (MP) contra Marco Livio Díaz, titular de la organización dedicada a recaudar impuestos.
Después de la denuncia pública meses atrás, algunos señalados acudieron a instancias legales para revertir las acciones de la SAT, que procedió a suspender la actividad tributaria de los implicados.
Díaz declaró a la prensa que teme acciones penales por los delitos de extorsión y tráfico de influencias en su contra basado en declaraciones y no hechos ni documentos que comprueben lo planteado en el MP.
El abogado Edgar Ortiz mostró su inquietud porque este tipo de acciones sean un patrón que presenta el MP para perseguir a quienes denuncian la corrupción en este territorio centroamericano.
Calificó el hecho de terrible precedente y un enorme daño a la institucionalidad, “porque no es un ataque a Marco Livio, sino a la SAT y su autonomía”, explicó.
El diputado del partido Movimiento Semilla, Samuel Pérez, expuso en sus redes sociales que el superintendente destapa el caso de evasión más grande de la historia y el MP, en lugar de indagar, lo empieza a amenazar a él.
La nación quedó removida cuando describieron el robo al Estado de al menos el equivalente a unos 38 millones de dólares, cuya denuncia entregaran a la Fiscalía General y a la Contraloría General de Cuentas.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, respaldó luego el trabajo serio y técnico del equipo de la SAT y aseguró que su administración tomaría las acciones pertinentes por las implicaciones para el erario público y los bienes del pueblo.
El B410 transcurrió durante el gobierno anterior (de Alejandro Giammattei 2020-2024) con el fin de enriquecer a unos pocos, aseveró el mandatario, abanderado del partido Movimiento Semilla, en el poder desde el 14 de enero último.
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