En un comunicado público, la máxima autoridad del Ministerio Público indagará el caso por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales alternativamente por el de abandono de cargo.
Precisa que los hechos a investigar “están referidos a la omisión de comunicar el impedimento temporal para el ejercicio del cargo de presidenta de la República al Consejo de Ministros y al Congreso de la República, del 29 de junio al 9 de julio de 2023, como consecuencia de un procedimiento quirúrgico”.
En ese lapso no se consignaron actividades en la agenda presidencial, lo que dio pie a la prensa para indagar y revelar que tal situación fue motivada por la convalecencia de la intervención quirúrgica.
Ante preguntas de los periodistas, la presidenta y los ministros respondieron entonces que Boluarte en ningún momento se ausentó del cargo, sin confirmar ni negar la cirugía estética, cuyos resultados eran evidentes.
La decisión del Ministerio Público contrasta con el rotundo e irritado rechazo a la declaración de Alberto Otárola, quien era primer ministro y el martes último confirmó ante una comisión parlamentaria la intervención quirúrgica.
Otárola calificó la versión como una gran mentira que atribuyó a desestabilizadores que según dijo buscan resonancia mediática y estarían ligados a quienes protestaron contra el cese del expresidente Pedro Castillo, encarcelado y juzgado por intentar la disolución del Parlamento opositor en diciembre de 2022. El ex primer ministro dijo también a los legisladores que la Presidenta no interrumpió sus funciones y durante su convalecencia coordinaba con él, quien se encargaba de coordinar con los ministros.
De otro lado, la Comisión Permanente del Congreso, tras un pedido expreso de la Fiscalía de la Nación, comenzó a procesar dos denuncias constitucionales contra la jefa de Estado.
Las denuncias fueron planteadas por la Fiscalía y están referidas a la presunta responsabilidad en muertes en la represión a las protestas que se desarrollaron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 y por el la investigación por peculado y otros cargos, por la posesión de relojes y joyas costosos que no incluyó en su declaración patrimonial.
La decisión dispone que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso culmine el tratamiento de esos casos en un plazo de 15 días, tras lo cual debe realizar las audiencias del proceso.
Se opusieron a atender la demanda del Ministerio Público casi todos los legisladores del bloque de bancadas derechistas.
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