Esa norma que debe ser ratificada por ambas naciones tiene como finalidad que se respete el cumplimiento de condenas penales en las naciones de origen.
En el documento se establecen las condiciones para procedimiento de traslado, negativa al traslado, derechos de la persona condenada y cumplimiento de la pena.
El tratado ya fue suscrito el 15 de octubre de este año por el embajador de Cuba en El Salvador, Tomás Lorenzo, y Osiris Luna, viceministro de Justicia y Seguridad Pública y director general de Centros Penales.
El Parlamento salvadoreño debe aprobar, al igual que su similar cubano, el acuerdo que tiene como objetivo conceder la cooperación más amplia posible en materia de ejecución de sentencias de las personas condenadas a privación de libertad en cada uno de sus Estados.
Asimismo su puesta en práctica permitirá que a los sentenciados a prisión se les “garantice su derecho a la adaptación y rehabilitación social en el entorno de su país de origen y las partes se aseguran una mejor administración de la justicia, mediante la rehabilitación social de las personas condenadas en sus propios países”.
De acuerdo con la norma, el pacto entrará en vigor en la fecha del intercambio de los instrumentos de ratificación de ambas partes y tendrá una vigencia indefinida, pudiendo darse por terminado por la vía diplomática.
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