En la Plaza de la Bandera, rodeada de un amplio despliegue de seguridad, algo que caracteriza las actividades públicas de la mandataria, insistió en descalificar aquellas protestas como expresiones de odio violentas y desestabilizadoras.
Se refirió así a las manifestaciones que, sobre todo en el sur del país, exigieron durante tres meses nuevas elecciones generales y una nueva constitución, ante lo cual, dijo, decidió no rendirse ante la violencia y optar por la estabilidad del país.
“Hace dos años se demostró que en nuestra patria el Estado y sus instituciones poseen firmes convicciones democráticas”, sostuvo; y agregó que ello se debe a su terquedad.
Boluarte omitió referirse a los 50 muertos y cientos de heridos por fuerzas policiales y militares como saldo de aquellos días y sobre una denuncia constitucional en su contra, pendiente en el Parlamento, por delitos de homicidio agravado y lesiones, de los que presuntamente sería responsable por esas muertes.
Solo dijo que decidió mantenerse firme, no rendirse ante la violencia y optar por la estabilidad del país y sostuvo, pese a una persistente crisis política, que “Las instituciones están sólidas, firmes y fuertes para defender a Perú ante ideologías de odio”.
Tampoco mencionó la desaprobación a su gestión, de más de 90 por ciento y tres por ciento de aprobación en las encuestas, pese a las cuales llamó a la unidad nacional en torno al Gobierno y diálogo.
La mandataria era, hasta el 7 de diciembre de 2022, vicepresidenta del jefe de Estado Pedro Castillo y lo reemplazó por sucesión con la venia del Congreso de mayoría contraria al gobernante, encarcelado y destuido tras su fallido intento de disolver el Parlamento.
Esa fecha fue consagrada por el Congreso como “Día de la Institucionalidad, del Estado de Derecho y la Defensa de la Democracia”, jornada en la que Boluarte entregó la Medalla al Mérito Ciudadano a los expresidentes del Parlamento, José Williams, y del Tribunal Constitucional, Francisco Morales.
Ambos ejercían esos cargos y cerraron filas con los mandos militares en el rechazo a la disolución parlamentaria y la destitución y prisión de Castillo.
Desde la cárcel, Castillo emitió un mensaje en el que afirmó que “Son dos años en los que la actual traidora y repudiada usurpadora sigue cayendo por debajo del tres por ciento de respaldo popular” y alegó que el intento de disolución del Congreso obedeció a la voluntad mayoritaria del pueblo.
De otro lado, la analista Laura Arroyo comentó que la imagen de la presidenta rodeada de militares, policías y altos funcionarios en el acto de hoy, más que un alarde de fuerza, es una señal de debilidad de un gobierno rechazado por la población.
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