Trece disparos de una subametralhadora HK MP5, de alta precisión y utilizada solo por fuerzas policiales de élite, alcanzaron el vehículo en que se trasladaban Franco y el conductor Anderson Gomes en la noche del 14 de marzo de ese año en Río.
La activista de los derechos humanos regresaba a su casa tras participar en un debate con jóvenes negras, cuando su auto fue baleado: ella recibió disparos en la cabeza y el chofer en la espalda.
Por el sonado crimen, los ex policías militares Ronnie Lessa y Élcio Vieira de Queiroz Lessa fueron condenados el 31 de octubre a 78 y 59 años de reclusión, respectivamente.
También ambos deben pagar 706 mil reales (unos 118 mil dólares) de indemnización a los familiares de las víctimas.
En la apelación, los fiscales de la Fuerza de Tarea del Grupo de Acción Especializada para el Combate al Crimen Organizado piden pena máxima por los dos homicidios y uno tentado.
Demandan 30 años por los crímenes de Franco y Gomes, y 20 por Fernanda Chaves, asesora de la concejala que estaba en el coche tiroteado. Eso sería 80 años más dos por el montaje del automóvil usado en el día del hecho de sangre.
En el documento enviado al cuarto Tribunal del Jurado, el Ministerio Público destaca la necesidad de revisión de las penas, bajo el argumento de que aspectos fundamentales relacionados con la gravedad de los crímenes, como la repercusión internacional y el modus operandi, no fueron considerados adecuadamente en la sentencia de primera instancia.
Aparecen entre los puntos presentados por el grupo de trabajo el uso de armas automáticas y silenciadores, la emboscada planeada en el centro de Río y la destrucción de pruebas por los acusados.
En la solicitud, los promotores de Justicia destacaron la conmoción global generada por el caso, que impactó negativamente en la imagen del gigante sudamericano en el escenario internacional.
La apelación además pide mayor rigor en la dosimetría de las penas, incluyendo la revisión del intento de homicidio contra Chaves, quien sobrevivió al ataque, y la ampliación del castigo por receptación del vehículo utilizado en el asesinato.
El caso Franco tuvo repercusión internacional y convirtió a la socióloga y feminista en un símbolo político en la lucha por los derechos humanos y la mayor participación de las mujeres negras en los espacios de poder en Brasil.
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