La fecha, establecida desde 2015 por acuerdo de la Asamblea General de la ONU, reconoce además la necesidad fomentar mecanismos eficaces para su prevención en el futuro.
La jornada internacional insiste en dos aspectos claves asumidos por los estados miembros por la Convención sobre el Genocidio: la prevención y el castigo de ese delito.
De acuerdo con lo establecido por ese instrumento internacionalmente vinculante, los países deben promover el esclarecimiento de la verdad y la cicatrización de las heridas, fomentar una cultura de educación para la paz, la cohesión social y el respeto de la diversidad.
Asimismo, la ONU insiste en la constancia del pasado y recoger testimonios de víctimas y supervivientes, crear y mantener archivos, y contribuir a reducir los casos de negación del genocidio y de glorificación de los criminales de guerra.
Según Naciones Unidas, la inversión en la prevención del genocidio, tal y como previeron los redactores de la Convención hace 76 años, resulta ahora más relevante que nunca.
La normativa califica al genocidio como cualquier acto perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
En ese espectro, reconoce acciones como la matanza de miembros del grupo; la lesión grave a la integridad física o mental; o su sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.
Igualmente, advierte del uso de medidas destinadas a impedir los nacimientos o el traslado por fuerza de niños de su comunidad a otra.
El artículo dos de la Convención tipifica al genocidio como un delito de derecho internacional, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra.
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