Según Alain Cedeño, al frente de ese equipo de la Asamblea Nacional (Parlamento (unicameral), entre lunes y martes escucharán solo a 40 voceros con propuestas sobre el proyecto de Ley 163 y las reformas a la estatal Caja de Seguro Social (CSS), impulsadas por el Gobierno.
Los movimientos populares, por su parte, insistieron en que se rechace esta iniciativa que contempla medidas paramétricas como elevar la edad de jubilación, aplicar el sistema de cuentas individuales para el pago de pensiones en lugar del solidario o transferir a otras empresas la administración de la reservas financieras de la entidad, lo que apunta a su privatización.
Al respecto, la alianza Pueblo Unido por la Vida anunció una megamarcha el venidero jueves 12 de diciembre que partirá del emblemático parque Belisario Porras, en esta capital, hacia el Legislativo para presentar sus demandas.
Por su parte, los diputados señalaron que pasado mañana se inicia una gira por todo el país- comienza por la occidental provincia de Bocas del Toro- para ampliar las consultas a la población sobre esta norma.
También estimaron que antes del 31 de diciembre, cuando concluyan las sesiones extraordinarias podrían tener listo el documento, a lo que se oponen varios sectores que exigen que los debates se tomen el tiempo necesario, incluso de ser necesario extenderlos hasta enero de 2025.
La víspera, el gremio empresarial privado solicitó un debate responsable y transparente sobre las modificaciones a la legislación de seguridad social.
En su comunicado, la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá responsabilizó de la debacle financiera y estructural de la CSS al sistema actual de esa entidad, que catalogaron de insostenible y alertó que postergar las decisiones pondrá en riesgo la estabilidad económica y social del país.
También advirtió que el éxito de estas modificaciones depende de mantenerla libre de presiones políticas y de intereses particulares.
Panamá está bajo el escrutinio de las calificadoras de riesgo, que observan de cerca nuestra capacidad para abordar los problemas estructurales que afectan las finanzas públicas, agregó el mensaje.
En ese sentido apuntó que cualquier señal de inacción o manipulación política tendrá repercusiones inmediatas sobre el grado de inversión, con impacto directo en la confianza de los inversionistas y en el desarrollo económico y sin duda, generará un costo en los créditos de todos los panameños.
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