Este lunes concluye el plazo para la adjudicación del contrato para levantar por 51,9 millones de dólares el nuevo centro penitenciario, según el cronograma del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
El proyecto genera una fuerte resistencia social en esa localidad y el pasado sábado renunció la gobernadora provincial, Marlene Cabrera.
En su lugar, el presidente, Daniel Noboa, nombró a Gary Rivadeneyra, quien anunció que en lugar de construir una nueva cárcel, se repotenciará la existente.
Entretanto, la prensa local y las redes sociales muestran que continúan las manifestaciones y los bloqueos de carretera que desde hace una semana paralizaron el tránsito entre la capital y esa zona del país.
Cientos de ciudadanos tomaron hoy la conocida como Y de Baeza, un intercomunicador vial entre las provincias Napo, Orellana y Sucumbíos.
El objetivo es exigir al Gobierno que desista del proyecto que pretende erigir cerca de instituciones educativas de Archidona.
La alcaldesa de ese municipio, Amanda Grefa, declaró a medios digitales que nunca hubo una consulta previa para la construcción de la penitenciaría, ni tampoco hubo un acercamiento con las autoridades locales.
La cárcel de máxima seguridad nos va a perjudicar en todo sentido, en el tema de turismo, en el comercio, en alguna ocasión ya hubo vacunadores (como denominan aquí a los extorsionadores), indicó la funcionaria.
Noboa presentó la idea de construir dos nuevas cárceles de máxima seguridad como parte del Plan Fénix, como denominó a su cuestionada estrategia contra la violencia y el crimen organizado.
Actualmente, el Ejecutivo levanta una de esas prisiones de máxima seguridad en la provincia costera de Santa Elena, con capacidad para 800 reclusos y a un costo de 52 millones de dólares.
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