Tras esta etapa, mañana los diputados partirán hacia las occidentales provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, donde comienza una gira por el país para escuchar criterios de las comunidades sobre la iniciativa que impulsa el Gobierno de reformas a la estatal Caja de Seguro Social (CSS), inmersa en una crisis financiera y estructural.
Este sería el último paso de este proceso antes de dar inicio al primer debate del proyecto, que se espera ocurra el venidero 17 de diciembre, según el titular de la comisión Alain Cedeño.
En las sesiones de este martes solo participarán los 40 primeros inscritos por provincia o región, con un tiempo máximo de 15 minutos, un representante por gremio y los que ya han participado en la provincia de Panamá no podrán volver a intervenir.
Cedeño aseveró que es un compromiso adquirido de mantener la transparencia, por lo que la gente del interior merece la oportunidad de participar.
Explicó además que los diputados tienen la obligación de realizar modificaciones a la ley o lo que consideren más conveniente para los asegurados, para lo cual tomarán el tiempo necesario, en alusión a la presión que ejerce el Ejecutivo que espera que la Ley se sancione antes del 31 de diciembre, cuando cierran las sesiones extraordinarias del Parlamento.
Por su parte, la diputada Yarelis Rodríguez, vicepresidenta de la comisión, señaló que el proyecto se modifica o se aprueba, pero no se rechaza, tal como piden los movimientos populares.
No obstante, Rodríguez considera que la norma necesita múltiples modificaciones, por lo lo que el dado por el Ejecutivo hasta el 31 de diciembre puede no ser suficiente para el debate.
Explicó que se trabaja de forma ardua para que la discusión se dé en un tiempo prudente, considerando incluso esperar al inicio de las sesiones ordinarias en enero, a pesar de las “intimidaciones” del Gobierno de “recortar” hasta un 13 por ciento el pago a los jubilados.
Las organizaciones sociales, sindicatos y gremios diversos insisten por su parte en que se rechace esta iniciativa que contempla medidas paramétricas como elevar la edad de jubilación, aplicar el sistema de cuentas individuales para el pago de pensiones en lugar del solidario o transferir a otras empresas la administración de las finanzas de la entidad, lo que apuntala su privatización.
Al respecto, la alianza Pueblo Unido por la Vida anunció una megamarcha el venidero jueves 12 de diciembre que partirá del emblemático parque Belisario Porras, en esta capital, hacia el Legislativo para presentar sus demandas.
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