La negativa, respaldada por autoridades locales, comunidades indígenas y sectores sociales, se basa en un análisis técnico que señala graves deficiencias en la planificación, así como impactos ambientales y sociales.
Tras más de una semana de protestas y bloqueo de carreteras, el Gobierno municipal se basó en un análisis técnico para señalar graves deficiencias en la planificación de la penitenciaría, así como impactos ambientales y sociales.
Mencionan que Archidona, una zona rica en biodiversidad y cercana a áreas protegidas, sufriría la pérdida de cobertura vegetal, contaminación hídrica y alteración de ecosistemas si se ejecuta el proyecto y afirman que hasta la fecha, no se ha presentado un estudio de impacto ambiental.
El turismo y la agricultura, pilares económicos del cantón, podrían sufrir graves consecuencias, con pérdida de empleo e inversiones, añade el documento compartido este martes.
Además, la cercanía del penal a escuelas que albergan a unos cinco mil estudiantes también genera preocupación por la seguridad y el bienestar de los menores.
No obstante, las autoridades municipales aseguran que no se oponen al fortalecimiento del sistema penitenciario, pero exigen una planificación responsable y sostenible que no ponga en riesgo a la población ni al medioambiente.
Durante la jornada de hoy los manifestantes tienen bloqueadas las vías de acceso a tres provincias de la Amazonía ecuatoriana y solo permiten el paso de primeros auxilios y alimentación.
En una rueda de prensa, representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) advirtieron que las protestas podrían intensificarse si no se detiene el proceso de adjudicación de la obra constructiva.
El presidente Daniel Noboa presentó la idea de construir dos nuevas cárceles de máxima seguridad como parte del Plan Fénix, como denominó a su cuestionada estrategia contra la violencia y el crimen organizado.
Actualmente, el Ejecutivo levanta una de esas prisiones de máxima seguridad en la provincia costera de Santa Elena, con capacidad para 800 reclusos y a un costo de 52 millones de dólares.
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