Una vez que la normativa fue publicada este martes, la Asamblea condenó que la Corte Constitucional y el Registro Oficial aceptaran una decisión que “vulnera el equilibrio de los poderes” en Ecuador.
«De esta manera, el órgano encargado de garantizar el respeto a la Constitución le da la espalda al país, y se convierte en un instrumento del Gobierno», añadió el parlamento en un comunicado.
El secretario ejecutivo del legislativo, Alejandro Muñoz, indicó que para que una ley aparezca plasmada en el Registro Oficial, necesita contar con la certificación de la Asamblea de que fue aprobada, pero la Ley Antipillos de Noboa carecía de dicha certificación.
El Ministerio de Gobierno emitió en la noche de este lunes un comunicado donde informó sobre la promulgación de la medida, considerada clave “para atacar y asfixiar las economías narcodelictivas y las fuentes de financiamiento del crimen organizado”.
El proyecto del Gobierno fue rechazado y archivado el pasado 27 de noviembre con 84 votos, fundamentalmente de las bancadas del Partido Social Cristiano, de la Revolución Ciudadana (RC) y de Construye.
Durante el debate en el pleno parlamentario, los legisladores argumentaron que la iniciativa no plantea soluciones efectivas para combatir el lavado de activos y consideraron que la verdadera intención es crear más impuestos, lo que tendría un impacto directo sobre las personas.
La bancada de la RC afirmó que en el peor momento para el país, cuando la economía, la educación y la salud pública están colapsadas, hay crisis energética, y desempleo, Noboa decide imponer un nuevo gravamen que golpeará aún más a la clase media.
“Rechazamos la promulgación de un decreto-ley por parte del presidente Daniel Noboa que ignora la decisión soberana de la Asamblea Nacional y en abierto atropello al orden constitucional”, aseveró la RC, que consideró la lucha contra el lavado de activos como un disfraz en esa disposición.
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