El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) entregó el contrato para exigir la nueva prisión a la compañía Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L., por un monto de 51,9 millones de dólares.
Según los términos del contrato, la obra deberá ejecutarse en un plazo de 300 días a partir de la autorización.
Desde hace ocho días, comunidades kichwas, campesinos y habitantes de la zona bloquearon vías clave, como la Y de Baeza, e incomunicaron así a las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos.
Los manifestantes rechazan el proyecto por el impacto que, aseguran, tendrá en el entorno natural y en instituciones educativas cercanas.
Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) advirtió que las protestas podrían radicalizarse si el Gobierno Nacional no revierte su plan.
El anuncio del SNAI marca otro capítulo en la creciente tensión entre las comunidades amazónicas y el Ejecutivo, que presenta esta obra como parte de su estrategia para combatir la violencia y el crimen organizado.
El presidente Daniel Noboa presentó la idea de construir dos cárceles de máxima seguridad como parte del Plan Fénix, como denominó a su cuestionada estrategia contra la violencia y el crimen organizado.
Actualmente, el Ejecutivo levanta una de esas prisiones de máxima seguridad en la provincia costera de Santa Elena, con capacidad para 800 reclusos a un costo de 52 millones de dólares. arc/avr
