El asunto resulta cada vez más importante, cuando una conjunción de múltiples crisis simultáneas coincide con rápidos cambios estructurales en el mundo del trabajo, fundamenta el estudio publicado este miércoles por el organismo de Naciones Unidas.
Según indicó, la inestabilidad geopolítica, la polarización y la pérdida de confianza en las instituciones de gobernanza obstaculizan el progreso global hacia la Agenda 2030.
Además, advirtió, la rápida transformación de los mercados de trabajo, como resultado de la transición digital y ecológica, complica los desafíos de la policrisis, agrava las desigualdades y deja atrás a los grupos en situación de vulnerabilidad.
En este contexto, resulta esencial invertir en instituciones, procesos y actores del DSAN, siguiendo el ejemplo de experiencias que demuestren el valor de ese diálogo en la promoción de la paz laboral, la cohesión social, la buena gobernanza y la democracia, como beneficios fundamentales, aconsejó.
El DSAN, recordó, consiste en procesos que reúnen a representantes de los gobiernos con los interlocutores sociales en el ámbito nacional y sectorial, para facilitar la negociación, la consulta y el intercambio de información sobre cuestiones relacionadas con la política laboral, económica y social.
De acuerdo con la OIT, “los enfoques cortoplacistas y poco inclusivos del desarrollo económico y el progreso social obstaculizan los esfuerzos mundiales por alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Un problema acuciante en los últimos decenios, agravado por la pandemia de la Covid-19, es la enorme disparidad de ingresos y salarios, lo cual socava los esfuerzos de reducción de la pobreza, limita la movilidad social y aumenta el riesgo de malestar social, ejemplificó.
A partir de datos de investigaciones mundiales y ejemplos de países, el informe subraya la importancia del diálogo social tripartito, la fijación de salarios mínimos con la participación de los interlocutores sociales y la negociación colectiva sectorial para hacer frente a la crisis del costo de la vida y abordar la brecha salarial de género.
Más del 90 por ciento de los Estados miembros de la OIT cuentan con sistemas de salario mínimo; sin embargo, debido al déficit de cumplimiento y cobertura jurídica, muchos de esos mecanismos no protegen adecuadamente a todos los trabajadores, denunció la fuente.
Si bien muchos gobiernos buscan el parecer de las organizaciones empresariales, de empleadores y trabajadores, antes de fijar las bases salariales mínimas, “la calidad y el impacto de estas consultas son muy dispares”, evidenció la institución de Naciones Unidas.
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