De acuerdo con la comunicación, los casos de los mentados exmiembros del Comando Conjunto Central de la desaparecida guerrilla fueron enviados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que se encargará de determinar el futuro de estos.
En su investigación, la Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que estos 144 comparecientes vinculados al Caso 01 no fueron los máximos responsables de la política de secuestro aplicada por la insurgencia.
Tampoco fueron partícipes determinantes en la comisión de estos delitos, que fueron calificados por la JEP como crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo cuales fueron imputados 10 exmandos medios de esta estructura que operó en Tolima, el norte del Huila y Quindío, que ya reconocieron públicamente su responsabilidad por estos crímenes.
La JEP aclaró que los casos aludidos corresponden a guerrilleros rasos, milicianos o colaboradores que “seguían órdenes y que no cumplían roles esenciales de liderazgo, y estaban supeditados disciplinariamente a su comandante”.
Los comparecientes de las FARC-EP que no fueron encontrados como máximos responsables, pero que están vinculados a crímenes de guerra y de lesa humanidad, podrán resolver su situación jurídica, tal como se acordó en el Acuerdo Final de Paz, señaló ese órgano.
En todo caso, acotó, deben cumplir con sus obligaciones ante la JEP de satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, reparación y la no repetición, así como de participar y proponer medidas de contribución a la restauración.
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