Los últimos estimados del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) estadounidense indican que más de 200 mil nacionales tienen órdenes finales de deportación de territorio estadounidense, un 14 por ciento de todos los extranjeros en esa condición.
Las cifras del ICE aseguran que existe un total de un millón 445 mil 549 extranjeros en el registro de no detenidos de esa agencia con órdenes finales de deportación.
Una investigación del Pew Research Center de 2023 aseguró que la comunidad de salvadoreños en Estados Unidos es la tercera población hispana más grande de la nación norteamericana y detalló que cuatro de cada 100 hispanos en suelo estadounidense son cuscatlecos.
Hay otro número de salvadoreños, mas de 180 mil, acogidos en el Estatus de Protección Temporal (conocido como TPS, por sus siglas en inglés), que no se incluyen en el proceso de deportación desde 2001.
La mayor preocupación del gobierno y de la población local es que las deportaciones pueden incidir directamente en uno de los pilares fundamentales de la economía, las remesas.
Las ayudas familiares son desde hace décadas un pilar fundamental de las economías de América Latina y el Caribe y en el último año aportaron 159 mil millones de dólares, frente a los 62 mil millones de hace una década.
Si ese panorama cambia, el resultado sería tan nefasto que algunos expertos estiman que una caída aquí pudiera colocar a El salvador en una situación crítica de pobreza parecida a la de Haití.
El mayor afectado regional sería México que recibe el mayor volumen de remesas estadounidenses, unos 60 mil millones de dólares al año, equivalentes a casi el cuatro por ciento del PIB.
Sin embargo, en los países de América Central y el Caribe, donde las remesas son un motor económico vital, como en Nicaragua, que recibe remesas equivalentes a cerca del 28 por ciento del PIB, Honduras (26), El Salvador (24), Guatemala (20), Haití (18) y Jamaica (17), el efecto sería desastroso.
Un artículo de Rich Brown, en Americas Quarterly, al abordar el tema, precisó que en Centroamérica, las repercusiones podrían ir más allá de la economía del día a día y causar inestabilidad en la balanza de pagos y el tipo de cambio.
La situación sería desastrosa si se considera que del plan de deportar a un millón de personas al año, casi el 20 por ciento serían inmigrantes irregulares que proceden de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Atendiendo a las amenazas, los expertos sobre el tema consideran que están justificadas las preocupaciones de pueblos y gobiernos de la región.
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