En una conferencia de prensa sobre diversos temas, calificó como una simple especulación las versiones sobre el posible asilo de la jefa de Estado por el agobio de denuncias e investigaciones de las que es objeto, en un contexto de desaprobación de más de 90 por ciento de su desempeño, según encuestas.
Según dijo, Boluarte gobernará hasta el 28 de julio de 2026, fecha prevista para el fin de su mandato y cumplirá la obligación constitucional de permanecer en el país durante, por lo menos, los seis meses siguientes.
Admitió por otra parte que, en una reunión sobre obras públicas entre el Ejecutivo y los gobernadores regionales, estos pidieron cambios en el gabinete ministerial, en el que varios titulares son objeto de demandas de renuncia y otros cuestionamientos.
Al respecto, Adrianzén repitió que los ministros están bajo evaluación permanente y cualquier cambio se realizará solo si lo considera necesario la Presidenta, que respaldó reiteradamente a su equipo de gobierno, incluso a los ministros más cuestionados.
Insistió, además, en los ataques a la Fiscalía de la Nación por la celeridad con la cual, según dijo, abrió una investigación a la mandataria por informes periodísticos que consignan sospechas de que dejó de ejercer sus funciones durante varios días tras someterse a una operación quirúrgica sin informar al Congreso como manda la Constitución.
La Presidenta guardó en secreto la intervención hasta ayer, cuando dijo que no fue una cirugía estética, sino necesaria por dificultades de respiración, y emplazó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a llamarla a declarar para esclarecer el tema.
Sus explicaciones fueron recibidas con escepticismo entre críticos de izquierda y derecha, y juristas que atribuyen a la gobernantes frecuentes contradicciones y faltas a la verdad.
En ese contexto, el semanario opositor Hildebrandt en sus Trece, publicó lo que afirma es la transcripción de un audio en el que el entonces abogado de Boluarte, Mateo Castañeda, ofrece al jefe de la unidad policial Anticorrupción, coronel Harvey Colchado, que no habrá represalias en su contra si le da información contra quien era fiscal de la Nación, José Carlos Villena.
Colchado está sometido a un proceso disciplinario para su separación de filas por haber publicado en redes de Internet una foto de un pastel de compleaños en el que un muñeco parodia el allanamiento de la casa de Boluarte, dirigido por el coronel, lo que incluyó el derribamiento de la puerta de la vivienda.
El allanamiento formó parte de una investigación a Boluarte por la posesión de relojes de lujo y costosas joyas sobre lo cual ha dado más de una explicación, otro de los casos adversos para la Presidenta, en el que es indagada por cohecho y otros cargos.
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