Para algunos diputados que integran la comisión de Salud y Trabajo, el tiempo es insuficiente -las sesiones extraordinarias concluyen el 31 de diciembre- para comenzar apenas el primer debate sobre el llamado proyecto de Ley 163 sobre reformas a una institución pública signada por la crisis financiera y estructural, por lo que las deliberaciones podrían pasar a enero próximo.
Las consultas a la población y gremios comenzaron en la capital el pasado 6 de noviembre y desde el pasado 11 de diciembre se trasladaron hacia Bocas del Toro, Chiriquí, Herrera, Panamá Oeste y el lunes se realizarán en la caribeña Colón, con intervenciones que en su mayoría apuestan porque se retire ese documento presentado por el Gobierno por varias incongruencias.
El rechazo a medidas paramétricas como elevar la edad de jubilación, el exceso de facultades que otorga al director de la CSS para administrar las reservas la entidad y el sistema de cuentas individuales en el pago de pensiones en detrimento del solidario, son algunos de los reclamos.
Sobre este proceso, Javier Pinzón, en representación de Fedecámaras de Chiriquí, consideró que el proyecto debe ser discutido con calma para lograr un consenso.
Mientras Juliana Santiago Santo, presidenta del Congreso General de la Comarca Ngäbe Buglé, consideró que se debe dar seguimiento a la evasión fiscal del pago de las cuotas obrero patronales.
Por su parte, este domingo en su comunicado habitual de fin de semana, la Cámara de Comercio e Industria de Panamá (Cciap) lanzó la campaña “Una Caja para Todos”, con el objetivo de impartir docencia e impulsar la participación ciudadana.
A través de contenidos claros y accesibles, la campaña pretende desmitificar los temas más complejos relacionados con la CSS y empoderar a los ciudadanos con información que les permita ser parte activa del debate, precisa el mensaje.
Según la Cciap, para que las soluciones al problema de la CSS sean efectivas, primero deben ser comprendidas. Solo así se puede construir un consenso nacional que trascienda intereses políticos o sectoriales.
El pasado jueves integrantes de la alianza Pueblo Unido por la Vida marcharon en la capital hasta las inmediaciones del Legislativo para demandar que rechacen esta iniciativa, de la cual el presidente de la República, José Raúl Mulino, es su más ferviente defensor.
En declaraciones a Prensa Latina, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, comentó que se ha generalizado el rechazo a la iniciativa.
Esa ley, dijo, no resuelve las necesidades de los trabajadores y sus familiares, impulsa la privatización con las cuentas individuales que solo aportarían pensiones de miseria.
También el secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, Fernando Ábrego, denunció que el proyecto otorga al actual director de la CSS, el empresario Dino Mon, poderes que le permiten manejar los fondos de los asegurados con la clara intención de entregarlos a empresas privadas internacionales y locales, las mismas que son morosas en los pagos o evaden el fisco para quedarse con la plata de los obreros y los jubilados.
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