“La Policía Nacional es una institución constitucionalmente reconocida que merece todo nuestro apoyo; estamos siendo víctimas, y lo digo claramente, estamos siendo víctimas de una campaña de desprestigio brutal”, afirmó en el acto de entrega de 250 motocicletas a la Policía de la sureña región de Ica.
Santiváñez, antes de acceder al Gobierno, era conocido como abogado de policías juzgados por delitos, como un grupo de ellos acusado de ejecutar a detenidos como presuntos criminales, reportándolos como muertos por enfrentar con armas a la Policía.
“Sepan ustedes que los buenos policías son más, aquellos que están dispuestos a sacrificar las fechas especiales, las noches, Navidades, años nuevos, los que están dispuestos a sacrificar su propia vida son más”, añadió.
Expertos en seguridad y analistas consideran que para enfrentar la desbordada criminalidad organizada es necesaria una profunda reforma de la Policía, por los problemas de corrupción que padece.
El ministro se refirió a lo que llamó campaña de desprestigio en la misma jornada en la que el diario conservador El Comercio reveló cifras oficiales según las cuales en los seis primeros meses de 2024, un total de 81 policías fueron sancionados en primera instancia por maltrato físico y psicológico familiar y agresión sexual.
Sin embargo, añade el informe, de los 81, el 44 por ciento, 36, continúan en funciones policiales, y cita el caso del policía Jhon Fernando Choque Valdez, acusado de violación sexual contra una menor de 16 años en noviembre pasado.
El agente había sido sancionado por la Policía Nacional en marzo pasado por feminicidio, pese a lo cual seguía en funciones.
En una encuesta publicada hoy, el ministro Santiváñez resultó desaprobado por el 80 por ciento de los encuestados, y en un sondeo anterior, un porcentaje similar opinaba que debía dejar el cargo, lo que pide la oposición parlamentaria por considerar fracasada su política contra la agobiante delincuencia.
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