En conferencia de prensa desde la sede central de la institución, el fiscal regional metropolitano, Dimas Jiménez, explicó que en seguimiento a la querella recibida autorizaron más de 40 diligencias de allanamiento.
Como resultado –acotó- entramos este día con el operativo en una fase, pues se trata de un expediente sumamente extenso que conlleva muchas horas de trabajo técnico y especializado, argumentó.
Describió la realización esta mañana, a través de la Fiscalía contra Delitos Económicos, de 18 allanamientos en los departamentos de Alta Verapaz, esta capital y Sacatepéquez.
Ello –subrayó Jiménez- con el propósito de hacer efectivas 13 órdenes de captura contra algunos funcionarios del Ejecutivo, específicamente siete personas que tienen algunos cargos en el Ministerio de Salud.
También –añadió- otras de aprehensión contra representantes legales de sociedades anónimas.
Mediante su perfil en la red social X, el MP divulgó antes las detenciones de David Francisco Barrera Maldonado, por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Además, Carlos René Ayala Morales, representante legal de una empresa de constructores, sindicado por defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.
La Fiscalía General de la nación estableció la existencia de contrataciones irregulares del capitalino hospital general San Juan de DIos con entidades relacionadas al millonario caso de defraudación fiscal.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), tres meses después de exponer la situación encontrada, consideró necesario agilizar las órdenes de captura contra los representantes legales, auditores o contadores implicados.
Guatemala quedó removida cuando descubrieron el robo al Estado por una red criminal constituida por 410 empresas de al menos el equivalente a unos 38 millones de dólares.
El presidente Bernardo Arévalo respaldó luego el trabajo serio y técnico del equipo de la SAT y aseguró que su administración tomaría las acciones pertinentes por las implicaciones para el erario público y los bienes del pueblo.
El B410 transcurrió durante el gobierno anterior (de Alejandro Giammattei 2020-2024) con el fin de enriquecer a unos pocos, aseveró el mandatario, en el poder desde el 14 de enero último.
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