En un comunicado, dicha organización precisó que la decisión fue tomada luego de recibir una notificación de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.
En un mensaje anterior, La Fraternidad afirmó que las interrupciones de la actividad son la única herramienta legal factibles cuando no se atienden los reclamos de los asalariados.
Las empresas y los funcionarios gubernamentales degradan el poder adquisitivo del salario, reconociendo solamente un aumento de uno por ciento en noviembre y un 2,5 en diciembre en concepto de “dádiva”, añade el texto.
Además, afirma que “el gobierno violenta los principios democráticos y apunta a demonizar las medidas de fuerza, para poner a los usuarios contra los trabajadores, agitando la lucha de pobres contra pobres desde los medios de comunicación”.
También apunta que La Fraternidad abordó la situación en asambleas seccionales y resolvió llevar adelante un plan de lucha.
Estamos y seguiremos en alerta, custodiando los auténticos valores y conquistas heredadas de nuestra doctrina y para el pueblo trabajador. La patria no se vende, los fraternales tampoco, concluye el documento.
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