Después que Colombia señaló que el gobierno venezolano buscaría entregar a opositores asilados en la embajada de Argentina en Caracas a cambio de que Ecuador otorgara el salvoconducto a Glas, la Presidencia de Ecuador señaló en un comunicado que “jamás tendrían cabida” negociaciones de ese tipo.
La administración de Daniel Noboa sostuvo que el exvicemandatario, “como otros responsables de delitos que han afectado a las familias ecuatorianas, continuará cumpliendo su condena en prisión, en estricto apego a lo establecido por la ley”.
El exvicegobernante, considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o “lawfare” en Ecuador, recibió de forma temporal la prelibertad el 28 de noviembre de 2022 luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos; sin embargo, la medida fue revocada.
A inicios de este año, la justicia ordenó su captura por presunto peculado en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, que investiga una supuesta malversación en obras públicas tras el terremoto de 2016.
Estuvo en la embajada de México en Quito desde diciembre de 2023 hasta el 5 de abril de este año, día en que uniformados allanaron la legación diplomática para capturarlo por orden del mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa.
El coordinador del Comité Internacional por la Liberación de Glas, Sacha Llorenti, señaló que una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó al exfuncionario el pasado 28 de octubre en la cárcel de La Roca, en Guayaquil, y hasta ahora no existe un pronunciamiento.
Llorenti instó a ese organismo a emitir un criterio lo antes posible, debido a las condiciones del exmandatario, a quien se le han cerrado las posibilidades en las instituciones ecuatorianas y es necesario garantizar su vida e integridad, así como una restitución del estado de asilado.
Más de 220 personalidades de 15 países, exjefes de Estado, juristas, congresistas, académicos y representantes de organismos internacionales y movimientos sociales firmaron una carta en la cual solicitaron a la CIDH ampliar las medidas cautelares vigentes para Glas.
El asalto a la embajada mexicana en Quito conllevó a la ruptura de relaciones entre los dos países y sendas denuncias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
México acusó a Ecuador por infringir las normas internacionales sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, mientras el gobierno de Noboa justificó la invasión, al decir que fue un hecho excepcional y aislado que buscaba detener a un “delincuente común”, en referencia a Glas.
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