Ese gremio profesional emitió un texto en el que alerta acerca de las problemáticas en cuanto a los procedimientos actuales, que permite la proliferación de intermediarios, conocidos como EPS (Empresas Promotoras de Salud), que gestionan los recursos públicos de la salud.
Estas entidades, apuntó el documento, acumulan deudas multimillonarias con hospitales, clínicas y trabajadores del sector, mientras sus propietarios se benefician de los recursos públicos desviándolos hacia negocios particulares.
Añadió que dicho esquema perpetua un círculo de corrupción y mal manejo de los recursos pues las EPS, al borde de la liquidación, financian campañas políticas, presionan al Congreso y a los medios, y, en última instancia, dejan un vacío financiero que debe ser cubierto con el presupuesto estatal.
Mientras tanto, detalló, los ciudadanos enfrentan una crisis humanitaria que los obliga a recurrir masivamente a la tutela para acceder a servicios básicos de salud.
Por otra parte, ponderó los beneficios que podría proporcionar a la ciudadanía el proyecto de ley 312 de 2024, impulsado por el Gobierno, que busca transformar de raíz el sistema de salud, eliminando las barreras administrativas y asegurando que los recursos lleguen directamente a la atención de los colombianos.
“La demora en la aprobación de esta reforma tiene un alto costo en vidas humanas y prolonga un modelo insostenible que pone en riesgo la salud de millones de colombianos”, alertó la Junta.
Durante la víspera, la Cámara de Representantes de Colombia decidió retomar la discusión de la reforma a la salud en 2025, después de que ese ente legislativo debatiera su articulado y aprobara el 37 por ciento de su contenido.
Las denuncias sobre los malos manejos financieros de las EPS se suceden en el país desde hace meses.
Hace pocos días, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Salud reveló nuevos hallazgos sobre irregularidades de la EPS Coosalud, que al parecer desvió a paraísos fiscales fondos destinados para la atención médica.
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