“He solicitado a la Fiscalía que indique si la señora Diana Salazar se encuentra en el país, ¿bajo qué figura de licencia o permiso se encontraría ausente?, y ¿quién está sustanciando las causas que se encontraban a su cargo?”, indicó Aguirre.
Este pedido surge tras la negativa del fiscal encargado, Wilson Toainga, de asistir a la mesa parlamentaria que trata la filtración de los mensajes del candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio, en los cuales se revelan tramas de corrupción que involucran a Salazar.
Toainga se excusó de asistir a la Asamblea Nacional (Parlamento) por la reserva del caso y advirtió que el Código Orgánico Integral Penal establece penas de prisión de uno a tres años para quienes divulguen información restringida.
Este jueves, Salazar se pronunció mediante redes sociales y señaló que la verdadera intención de Aguirre es conocer su ubicación.
«¿Desde cuándo eso es importante para la opinión pública?», cuestionó la fiscal, quien agregó que eso solamente interesa «a las estructuras criminales que quieren acabar con mi vida y la de mi familia”.
Según la funcionaria, ella se enfrenta a «complejas estructuras criminales» y dijo que la solicitud de su comparecencia ocurre cuando está en la semana 40 de su embarazo.
La Fiscalía no ha especificado cuánto tiempo durará la licencia de Diana Salazar ni ha dado detalles adicionales sobre su estado de salud.
El pasado mes de noviembre, dos abogadas ecuatorianas divulgaron alrededor de cinco mil conversaciones extraídas del celular de Villavicencio, asesinado en plena campaña electoral en 2023.
Esos mensajes revelarían, por ejemplo, que la fiscal compartió información delicada con el político.
También evidenciarían que la Fiscalía, liderada por Salazar, montó un caso contra el exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, quien fue acusado formalmente por abuso sexual, pero su detención ocurrió tras denunciar crímenes de lesa humanidad durante las protestas de 2019.
Villavicencio fue acribillado a tiros el 9 de agosto de 2023 cuando salía de un mitin de campaña en Quito, apenas 11 días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales anticipadas.
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