Pese a su relevancia para el futuro del país, naufragó en septiembre pasado el proyecto de ley de presupuesto para 2025, finalmente adoptado vía decreto, lo cual ocurrió por primera vez en más de 20 años.
También en el camino quedó la ley de financiamiento que pretendía compensar el déficit de ese presupuesto general estimado originalmente en 523 billones de pesos (casi 120 mil millones de dólares al cambio actual) y que finalmente quedó en 511 billones de pesos (cerca de 117 mil millones de dólares).
Ahora, tras el rechazo de los sectores de oposición en el Congreso a medidas fiscales que en administraciones pasadas tuvieron respaldo sin mayores traumas y que evidencian claras motivaciones políticas ya con miras a las elecciones de 2026, el Gobierno deberá tomar medidas de austeridad que podrían impactar en los sectores más vulnerables.
Según juzgó el presidente del país, Gustavo Petro, el recorte no se hará de manera alguna sobre los planes prioritarios.
“Quienes pensaban desfinanciar los programas centrales de la justicia social que ya ha sacado millones de personas de la pobreza y el hambre, fracasaron”, sentenció.
Otra de las iniciativas que se malogró en el Senado fue la reforma política que proponía una transformación del sistema electoral para que ganara en transparencia, según manifestó el Ejecutivo.
El proyecto se hundió en el Senado por falta de quórum de las bancadas de oposición, en un acto que volvió a sacar a la luz la tirantez entre el Congreso y la Casa de Nariño.
A juicio del ministro del Interior Juan Fernando Cristo la propuesta murió por asfixia en el seno del Legislativo.
Antes de su hundimiento, la reforma política llegó a ser aprobada en su tercer debate en la Comisión Primera del Senado.
El proyecto tenía como objetivo enfrentar la corrupción en el sistema electoral, garantizar su confiabilidad, imparcialidad, transparencia y también tenía por propósito consolidar a los partidos políticos como verdaderos instrumentos de participación y representación ciudadana.
Proponía tres pilares fundamentales: la financiación preponderantemente estatal de las campañas políticas, las listas cerradas con equidad de género y una autoridad electoral independiente.
Sí pasó en esta legislatura una reforma al Sistema General de Participaciones, o sea, la modificación para la asignación de recursos de los que podrán disponer las autoridades regionales.
Los municipios y departamentos recibirán el 39,5 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación, un cambio progresivo que se hará a medida que se asignen nuevas responsabilidades a los territorios y entren en vigor otras medidas complementarias.
También se logró el proyecto de ley sobre Jurisdicción Agraria de Colombia, que busca dirimir temas asociados a los derechos de tenencia de las tierras rurales, lo cual es fundamental en Colombia para avanzar en la Reforma Agraria.
Pendiente está aún la reforma laboral, que en octubre pasado superó sus dos debates en la Cámara de Representantes y ahora espera para ser analizada en el Senado.
Algunos de los cambios más significativos de la propuesta es que se establece una jornada máxima laboral de ocho horas diarias y 42 horas semanales.
La discusión a la reforma a la salud se aplazó para 2025, después de que la Cámara debatiera su articulado y aprobara el 37 por ciento de su contenido.
Aunque la Plenaria de la Cámara apruebe en su totalidad el proyecto impulsado por el Gobierno, aún le faltarían dos discusiones más en el Senado, donde el panorama es más complejo a juicio de analistas.
Esta es la segunda vez que se debate una reforma a la salud en el país durante este año. La primera se hundió en abril pasado, justamente durante su tránsito por el Senado, lo que obligó al Gobierno a presentar una nueva versión.
La iniciativa persigue que la atención médica y los servicios asociados sean un derecho universal para todos los colombianos, y que se priorice una atención primaria enfocada en un modelo predictivo, preventivo y resolutivo.
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