El escepticismo se debe a que el anuncio asigna carácter administrativo a la indagación y al hecho de que la resolución del proceso disciplinario al presunto jefe de la red, ya despedido, Jorge Torres Saravia, es suscrita por Haidy Figueroa, funcionaria vinculada al partido Alianza para el Progreso (APP), al que Torres está vinculado desde hace años. Torres era titular de la Gerencia Legal y Constitucional del Congreso y tenía como asesora a la joven abogada Andrea Vidal, asesinada por un grupo de sicarios cuando, después de que, según trascendidos recogidos por la prensa, fue despedida a raíz de un escabroso conflicto con su jefe.
El personaje fue funcionario de la gobernación de la región de La Libertad, en 2015, cuando Luis Valdez, actual secretario general de APP y hombre de confianza del jefe de la organización, César Acuña, cuando este renunció al cargo para ser candidato a la Presidencia de la República.
En 2020, cuando Valdez fue elegido congresista, trajo consigo como asesor desde La Libertad a Torres, quien en 2023 fue nombrado para su último cargo por el titular del Congreso, Alejandro Soto, también de APP.
“¿Hay garantías?”, se preguntó el diario La República, al señalar que los funcionarios que integrarán la comisión investigadora serán designados por el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, nombrado por el previo titular del Legislativo, Eduardo Salhuana, de APP.
El anuncio de la investigación fue precedido por la decisión del presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, de iniciar una drástica pesquisa que investigue la posibilidad de que la prostitución haya sido usada para ganar votos con determinados objetivos políticos.
El caso hizo aflorar al mismo tiempo fisuras en el bloque de bancadas parlamentarias que han sido sostén de la administración de la presidenta Dina Boluarte, que, según el analista Juan de la Puente, comienzan a distanciarse de la presidenta Dina Boluarte, con la mira puesta en las elecciones generales cuya convocatoria se prevé para abril de 2025.
Congresistas como el derechista José Cueto, plantean que Salhuana se retire del cargo, al menos durante la investigación, por la confirmada vinculación de Torres con APP, que data de años atrás.
La legisladora progresista Ruth Luque planteó que la investigación debe ser multipartidaria y sin que participen en la misma legisladores de APP, cuyos dirigentes se empeñan en negar nexos con Torres, quien a su vez niega ser militante de la organización.
Entretanto, el semanario Hildebrandt en sus Trece, opositor, dio nuevos detalles sobre la presunta red, al señalar que organizaba “fiestas para adultos” para parlamentarios -que que habrían sido grabados en fotografías y videos, en situaciones comprometedoras- y hasta da la dirección de uno de los departamentos usados para ello.
El Congreso de la República de Perú tiene una aprobación de solo 7 por ciento y una desaprobación de 82 por ciento en la encuesta de diciembre de la encuestadora Ipsos.
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