La normativa, aprobada el 22 de noviembre último por el Congreso, establece que todas las sanciones económicas podrán ser impugnadas, con la posibilidad para el conductor de obtener una resolución favorable o desfavorable.
Las multas deben ser legales, notificables y no deben vulnerar los derechos de los conductores, según explicó el propio Legislativo.
Aquellas que no sean comunicadas en un plazo de 120 días (cuatro meses) prescribirán, y no será obligatorio el pago.
Deberá adaptarse a las disposiciones actuales cualquiera efectiva al momento de la entrada en vigor de la nueva Ley.
Esta autoriza a los conductores a portar su tarjeta de circulación y calcomanía en formato impreso o electrónico, además mantiene la obligación de exhibir las chapas de manera visible.
Otro de los puntos clave es la obligación de identificar de manera clara y palpable los vehículos pertenecientes a instituciones del Estado.
El objetivo de estas reformas –comentaron diputados- es garantizar mayor certeza y seguridad jurídica en el derecho de los ciudadanos a circular libremente.
También busca prevenir el uso arbitrario de la autoridad en la regulación del tránsito, al promover prácticas más transparentes y equitativas.
El director de Movilidad y Seguridad Vial del Automóvil Club de Guatemala, Juan Carlos Botrán, advirtió sobre la agilidad de las multas.
Para cambiar el comportamiento del conductor, la periodicidad de estas (la frecuencia con la que se imponen) es más importante que el monto, remarcó el experto, citado por el diario local Prensa Libre.
Botrán señaló que en Guatemala existe “una deficiencia de las autoridades para hacer cumplir las reglas”.
Hay que poner una sanción a la par de un ente que realmente pueda dar seguimiento a esas multas, pero la tarea está dispersa, acotó la directora ejecutiva de Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, Waleska Sterkel.
“Cuando hay un vacío de autoridad no hay un responsable, y cuando no hay un responsable del cumplimiento de la ley, la tarea se ve ambigua o dispersa”, explicó, por su parte, el experto en seguridad vial Salvador Morales.
Después de la violencia homicida, los percances viales constituyen la segunda causa de fallecimientos en el país, casi una epidemia que en diciembre de cada año cobra el mayor número de vidas.
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