La coalición señaló en un comunicado que la Carta Magna ecuatoriana establece que el país es un territorio de paz y prohíbe la instalación de bases militares extranjeras.
Además, recordaron que cualquier decisión que afecte al ambiente debe ser sometida a consulta previa con las comunidades locales, un paso que no se ha cumplido.
En cuanto al impacto ambiental, advirtieron que las operaciones militares generarían graves daños a los ecosistemas marinos y terrestres, afectando especies migratorias, arrecifes de coral y aumentando la contaminación.
Asimismo, denunciaron que la actividad militar estadounidense emite gases de efecto invernadero, lo cual contradice los principios de preservación ambiental del archipiélago, reconocido como Patrimonio Natural de la Humanidad.
Las organizaciones también cuestionaron la efectividad de la presencia militar extranjera en la lucha contra el narcotráfico y citaron ejemplos en México y Colombia donde ese tipo de instalaciones no han reducido la producción ni el consumo de drogas.
Además, alertaron sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades locales, como ocurrió en Ecuador durante la presencia de tropas norteamericanas en la base de Manta.
La coalición pidió apoyo a la comunidad nacional e internacional para preservar la soberanía, la biodiversidad y la paz de las islas.
«Galápagos no está en venta, no está en guerra y no puede ser militarizada», concluyó el comunicado.
El pronunciamiento responde a la resolución tomada por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos, que permite a buques, personal militar, armamento, equipamiento y submarinos instalarse en esas islas del Pacífico.
De acuerdo con el documento compartido, el objetivo es hacer frente a los retos de seguridad, como el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas marítimas en el archipiélago, ubicado a unos mil kilómetros de las costas continentales de Ecuador.
La disposición menciona que los buques de guerra, buques de Estado, aeronaves y tripulaciones estadounidenses están exentas de tasas (impuestos) administrativas y tendrán controles ambientales rigurosos para ingresar a las islas.
Esa autorización se enmarca en el denominado Estatuto de las Fuerzas, un acuerdo firmado entre Quito y Washington en 2023, durante el mandato de Guillermo Lasso, y ratificado este año por el actual presidente, Daniel Noboa.
Esa disposición permite al personal militar y civil del Departamento de Defensa y sus contratistas, privilegios e inmunidad diplomática.
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