La decisión del Ejecutivo de extender el gravamen en 2025 por decreto, provocó que el sector integrado por compañías de electricidad, consorcios petroleros y de gas, protestara por supuestamente restar “competitividad industrial y deteriora” la reputación’ de España ante los inversores.
Sin embargo, la administración que encabeza el socialista Pedro Sánchez, subrayó que Las grandes energéticas en España podrán reducir del pago del gravamen temporal hasta en un 60 por ciento, si hacen inversiones estratégicas para la transición ecológica y la descarbonización.
Este criterio aparece recogido en el Real Decreto Ley publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Además, remarca que estas inversiones estratégicas podrán destinarse a tecnologías en proyectos industriales para la producción de hidrógeno renovable o la transformación de residuos en biogás o biometano, entre otras.
En las últimas horas, empero, en comunicado conjunto, las asociaciones Aelec, AOP y Sedigas, respectivamente, consideraron preocupantes los criterios del Gobierno que desconoció el dictamen del pleno del Congreso de Diputado de eliminar estos impuestos.
Como no obtuvo los apoyos del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts per Catalunya, que se alinearon con el conservador Partido Popular (PP), el Ejecutivo decidió seguir con el gravamen por decreto.
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