Organizaciones de la sociedad civil que siguen este caso confirmaron que en la noche de este martes la magistrada Tanya Loor aceptó un habeas corpus presentado por los familiares para declarar así este caso que conmociona al país.
La jueza, tras siete horas de audiencia, dictó medidas de reparación integral, como que el Estado, por medio del sistema nacional competente, continúe con los actos de investigación para dar con el paradero de los niños.
Asimismo, determinó que se garanticen los protocolos suficientes para localizarlos y dispuso que el Ministerio de Salud Pública brinde atención psicológica a los familiares.
También ordenó la creación de una comisión de cinco personas que trabaje en una investigación independiente a la que lleva a cabo Fiscalía y que la Defensoría del Pueblo cree un programa de capacitación a las Fuerzas Armadas para tratamiento de casos sobre niños, niñas y adolescentes.
Más temprano, este martes, la Fiscalía General del Estado pidió que se fije fecha y hora para una audiencia de formulación de cargos contra 16 militares implicados en el hecho.
Por su parte, el Ministerio de Defensa dispuso al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, poner bajo custodia a los 16 militares investigados.
«La custodia estará a cargo de oficiales y personal de inteligencia militar, con la finalidad de intensificar la seguridad y eliminar en su totalidad cualquier riesgo de fuga», indicó la entidad castrense en un comunicado.
Los hermanos Josué e Ismael Arroyo, así como Saúl Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años de edad, desaparecieron el pasado 8 de diciembre en Guayaquil luego de que uniformados se los llevaran en una camioneta, como consta en un video divulgado por la Asamblea Nacional (Parlamento).
Decenas de personas realizaron plantones la víspera en Quito y Guayaquil para exigir respuestas del caso.
La desaparición de los menores tiene lugar en medio de la crisis de seguridad en Ecuador y en el contexto de un estado de excepción que autoriza al Ejército a realizar operativos en las calles, lo cual ha puesto bajo la lupa la participación de aparentes uniformados en actos ilegales y de abuso de poder.
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