Este miércoles, los padres acudieron a la morgue para iniciar procedimientos forenses, pero dada la descomposición de los cadáveres fue imposible determinar su identidad y es necesario esperar los resultados de las pruebas de ADN, que pueden demorar hasta más de un mes.
Billy Navarrete, director ejecutivo Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, organización que acompaña a las familias afectadas, informó que la identificación de los restos sigue un proceso técnico.
“El médico forense explicó que debido a las condiciones en que se encuentran los cuerpos, incinerados y destruidos, la identificación mediante pruebas dactilares ha sido descartada», declaró Navarrete a la prensa en las afueras del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses.
Como el análisis de las características físicas de los menores tampoco dio resultados conclusivos, se procederá con pruebas de ADN, cuyo análisis podría tardar entre 30 y 40 días.
“Estamos procurando encontrar vías para que este proceso sea lo menos angustiante posible para las familias” comentó Navarrete.
Ecuador está pendiente de este caso de los hermanos Josué e Ismael Arroyo, así como Saúl Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años de edad, que desaparecieron el pasado 8 de diciembre en el sector de La Malvinas, Guayaquil, luego de que uniformados se los llevaran en una camioneta.
Una jueza declaró el caso como un hecho de desaparición forzada y dictó medidas de reparación integral, como que el Estado, por medio del sistema nacional competente, continúe con los actos de investigación para dar con el paradero de los niños.
La Fiscalía solicitó una audiencia para formular cargos contra los militares por desaparición forzada, y el Ministerio de Defensa dispuso mantenerlos bajo custodia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para evitar cualquier intento de fuga durante las investigaciones.
Mientras, el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dictó medidas de acción urgentes que el Estado ecuatoriano debe cumplir antes del 7 de enero de 2025.
Entre ellas, establecer de forma urgente una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda inmediata de los menores de edad y para la investigación exhaustiva e imparcial.
La desaparición de los menores tiene lugar en medio de la crisis de seguridad en Ecuador y en el contexto de un estado de excepción que autoriza al Ejército a realizar operativos en las calles, lo cual ha puesto bajo la lupa la participación de aparentes uniformados en actos ilegales y de abuso de poder.
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