La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), valoró en un comunicado que la petición realizada por Alberto González Amador al Tribunal Supremo de investigar las comunicaciones de seis periodistas viola las normas establecidas.
‘Es un atentado contra el secreto profesional amparado por el artículo 20 de la Constitución, que incluye el derecho a no revelar las fuentes’, apostilló el gremio.
González Amador, que reconoció en una pesquisa en su contra haber defraudado al fisco, trata de dar vuelta a su proceso a través de peticiones que apuntan también al Fiscal General del Estado, Alvaro García Ortíz.
El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso se enfoca igualmente contra seis comunicadores, cuatro de El Diario.es, uno de El Plural y otro de la Cadena radial SER.
En su texto de denuncia, la FAPE subrayó que espera la alta institución ‘haga caso omiso de la solicitud que, en caso de aceptarla, plantearía un conflicto entre la libertad de prensa y la intimidad de las fuentes’.
El compañero sentimental de Díaz Ayuso, solicitó además que el Supremo ordene a las compañías telefónicas conservar los registros de llamadas, conexiones digitales y las ubicaciones durante los últimos 10 meses.
‘También quiere que la Guardia Civil averigüe si los periodistas disponían de fuentes en la Fiscalía y ordene a la Unidad Central Operativa volver a inspeccionar los teléfonos del Fiscal General del Estado, y de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez.
Todo a partir de la investigación del Supremo acerca de la presunta filtración de un correo electrónico remitido a la Fiscalía que desmentía el bulo difundido de haber ofrecido un pacto a González Amador para ser condenado a una pena que no implicara prisión.
La FAPE, ‘sin entrar en labores propias de la justicia’, recalcó que las pretensiones del empresario ‘vulneran los principios fundamentales del periodismo, basados en el derecho a la información’.
Asimismo, la FAPE rechazó ‘cualquier intento de intimidar a los periodistas que ejercen su trabajo bajo esas premisas’, en una referencia implícita a acciones intimidatorias meses atrás de Miguel Angel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso.
La presidenta de la Comunidad de Madrid es figura del conservador Partido Popular (PP) y punta de lanza frente al Gobierno nacional de izquierdas que encabeza Pedro Sánchez.
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