La entidad confirmó que, de ese total, 80 de los casos corresponden a personas que murieron debido a su gestión como defensores de derechos humanos, en tanto en otros 95 no se pudo verificar que el homicidio tuviera relación con la labor social desplegada por las víctimas.
Por otra parte, de acuerdo con el análisis, en 25 de los hechos pudo establecerse que el crimen que causó el deceso no tendría vínculo con el trabajo comunitario.
La fuente refirió que, de los casos que pudieron ser corroborados como asesinatos directamente relacionados con la labor social, 19 eran integrantes de comunidades indígenas y 37 campesinos.
Asimismo, la mayoría de los homicidios perpetrados contra los líderes sociales en Colombia fueron dirigidos contra dirigentes de Juntas de Acción Comunal (24 por ciento), seguidos por los defensores de los derechos de los campesinos, con el 16 por ciento.
La ONU aseguró que Cauca (suroeste) es el territorio en el que más resultaron asesinados líderes sociales en el trascurso de este año con 17 homicidios de defensores de derechos humanos, seguido por Arauca (este) con 15 y el Valle del Cauca (suroeste) con 11.
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