El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó que la medida de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (Parlamento) fue aprobada por unanimidad y será presentada de inmediato al fiscal general de la República Tarek William Saab.
La decisión del Poder Legislativo se adoptó luego que esos “delincuentes y arrastrados” enviaron una carta al jefe de Misión de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, señaló el diputado.
Rodríguez dijo que este es el dueño, propietario y capataz de esas personas.
Señaló que en la misiva le dijeron al funcionario estadounidense que “todavía somos la Asamblea Nacional de 2015, único órgano vigente”.
El titular parlamentario indicó que ellos “necesitan los reales antes de que cambie el gobierno de Estados Unidos (el 20 de enero venidero)”.
Sobre la procedencia de esos dineros expresó que son partidas millonarias provenientes de los dividendos de la empresa Citgo, secuestrada a Venezuela en el país norteño, y los activos robados a los venezolanos que ascienden a miles de millones de dólares, agregó.
Denunció que hasta este momento esos exlegisladores perciben cinco mil dólares mensuales mediante una partida denominada “guardianes de la democracia”.
“El analfabeto de Juan Guaidó percibe solo 15 mil dólares mensuales por conceptos de esas partidas”, manifestó.
Al comentar sobre la carta a Palmieri, reflexionó que tiene como clara intención seguir recibiendo dinero para seguir financiando las conspiraciones y acciones lesivas a la paz reinante en el país.
Pero, además, continuar “engordando los bolsillos de los diputados y diputadas de la comisión delegada secreta”, enunció sobre este grupo que reside en el exterior.
Reconoció que su carácter revela la “no presencia de registro de elección, reunión, votación y ni la existencia de estos supuestos diputados vitalicios que se abrogan un cargo que no les corresponde”.
Entre las personas a aplicarse la mencionada Ley Orgánica y la de Extinción de Dominio se encuentran Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, autodenominadas, respectivamente, presidenta, primera vicepresidenta y segunda vicepresidenta del extinto Parlamento de 2015-2020.
Debe aplicarse de inmediato lo que está establecido en materia de inhabilitación política y delitos de orden penal tipificados en la Ley Simón Bolívar y de Extinción de Dominio “por este adefesio y demostración de barbarie e infamia”, subrayó.
El Ministerio Público anunció durante la semana de la liberación de 223 personas ligadas a los acontecimientos ulteriores a los sufragios presidenciales del 28 de julio, quienes “pretendían generar una guerra civil posterior”.
Con las solicitudes aprobadas de libertad en dos grupos de 177 y 46, en coordinación con el Poder Judicial, se alcanzó la cifra de un total 956 excarcelaciones “realizadas en el marco del debido proceso garantizado por la Constitución de la República”, según comunicado de la Fiscalía.
El texto expresó que el Ministerio Público continuará el “proceso de revisión exhaustiva” de estos casos en defensa de la paz, la justicia y los derechos humanos.
De acuerdo con los datos oficiales divulgados, más de dos mil personas fueron aprehendidas tras los actos violentos del 29 y 30 de julio por los llamados comanditos, organizados por la extrema derecha.
Las acciones llevadas a cabo en el país dejaron 28 muertos, 195 heridos y casi 500 infraestructuras destrozadas entre públicas y privadas, entre escuelas, centros de salud, comercios y unidades policiales.
También destacó en la semana los enfrentamientos verbales entre autoridades de Venezuela y Argentina, tras la detención aquí del gendarme de este último país Nahuel Gallo, quien es procesado por la justicia venezolana por estar vinculado a acciones terroristas contra esta nación sudamericana.
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