Así lo expresó el abogado salvadoreño Luis Parada, residente en Estados Unidos y experto en arbitrajes, que lideró la defensa de El Salvador en demandas de empresas mineras contra el Estado, las que ganó el país y sentaron un precedente contra la minería metálica.
Para sacar una onza del preciado metal se necesita explotar unas siete mil libras de roca, agregó, al tiempo que recordó que una onza tiene 28,34 gramos.
Ese es apenas el desafío técnico que enfrentará el país luego de aprobada la Ley General de Minería el 23 de diciembre que derogó una normativa que la prohibió en 2017 por sus efectos dañinos para un país de apenas 21 mil kilómetros cuadrados.
Hoy, luego de la aprobación, no son pocos los que ponen en la balanza los altos riesgos comparados a los supuestos beneficios de los que habla el gobierno. Es un problema que despide el año 2024 y que seguirá adelante en 2025 cuando el presidente Nayib Bukele, con su rúbrica, le de curso al proceso de minería.
El asunto está ahí, aunque algunos pobladores esperan que el presidente no le de curso a la Ley General de Minería Metálica aprobada por la Asamblea Legislativa.
Organizaciones sociales, académicos, estudiantes, ambientalistas y la iglesia, todo un conglomerado social, sin distinción de credos o ideologías, emiten criterios y protestan contra la casi segura firma de la ley.
En días recientes, la Red Juventudes y la Conferencia Local de Juventudes sobre Cambio Climático (LCOY) manifestaron su firme preocupación por la reciente aprobación de la iniciativa, y solicitaron su reconsideración y un diálogo sobre todo con las poblaciones más cercanas a las zonas afectadas.
Hay un creciente temor por el impacto ambiental y según esas organizaciones juveniles, un retroceso en materia de derechos humanos al ambiente sano, a la salud, al agua, y a la alimentación.
Ese sector llama a las autoridades para que el proceso legislativo sea revisado y se abra un espacio de diálogo con la sociedad civil, especialmente aquellas que viven en sectores donde pretenden llevar a cabo actividades mineras.
Un reciente artículo de escritor y columnista del diario La Prensa Gráfica (LPG), Federico Hernández Aguilar, criticó el voto de la Asamblea Legislativa pese a la oposición de la sociedad.
“Si un país cuenta con “dones” que la naturaleza le ha otorgado, justo es que intente conocer las alternativas que se le abren a partir de la explotación de estos recursos. Todo bien hasta aquí”, indicó.
En el proceso hay tres aspectos fundamentales para seguir adelante: su real contribución económica, su viabilidad extractiva, y su impacto en la realidad cultural, social y ambiental de un país, señaló.
Sin el análisis ponderado de esta tríada, individual y conjuntamente considerada, ningún proyecto minero debería ser aceptado ni promovido. Mucho menos impuesto, puntualizó Hernández.
Sostuvo el articulista que ninguna de las afirmaciones del gobierno para avanzar en la explotación minera, entre ellas que el país posee “los depósitos de oro con mayor densidad por km² en el mundo” es demostrable.
Muchos ejemplos en el mundo muestran, entre otras cosas, que la minería metálica produce desplazamientos humanos, destruye bosques, libera sustancias ponzoñosas en los mantos acuíferos, contamina el aire y crea más desigualdades sociales.
Sus pretendidos beneficios, puntualizó Hernández, para decirlo pronto, no compensan nunca los perjuicios objetivos que provoca.
Mientras 2025 ya casi se asoma en el almanaque, no son pocos los salvadoreños que elevan su mirada hacia el cielo y les piden a su Dios en las iglesias que al menos se produzca un diálogo para comprobar si la minería resolverá los problemas económicos del país sin prejuicios para sus habitantes.
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