De los penados por el STF, 229 fueron castigados por participar en el vandalismo a los edificios de los Tres Poderes y serán encarcelados hasta 17 años.
Por su parte, 81 personas resultaron imputadas en la condición de incitadoras.
Todas fueron castigadas por los crímenes de asociación criminal armada, daño calificado, deterioro del patrimonio declarado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho e intento de golpe de Estado.
En el caso de los culpados por alentar la realización de los acontecimientos violentos, las sanciones fueron de un año de prisión, que terminó sustituida por prestación de servicios comunitarios y la presencia en un curso sobre democracia.
De igual manera, al menos 500 personas decidieron cerrar acuerdos con la Procuraduría General de la República (Fiscalía) admitiendo los crímenes.
Pudieron cumplir medidas alternativas a la cárcel, como pago de multa y participación en curso sobre democracia para librarse del juicio.
En total, 81 personas rechazaron el pacto. Además, cuatro personas fueron absueltas. Tres de ellas estaban en situación de calle que terminaron detenidas en el contexto de los episodios antidemocráticos.
Los sucesos que resultaron en la depredación de los edificios gubernamentales dejaron un perjuicio material de 30 millones de reales (unos siete millones de dólares).
En las condenas, el STF estableció el pago de una multa por daños colectivos sobre la base de este valor, que se divide entre todos los acusados.
También los sentenciados tienen el pasaporte retenido, el porte de armas revocada y deberán pagar de forma solidaria cinco millones de reales (un poco más 830 mil dólares) por daños morales colectivos.
Analistas aseguran que, aunque por su historia, Brasil nunca figuró como blanco específico de la acción de grupos terroristas, la polarización y el discurso de odio visceral que emanó del Gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) condujo a actos de este tipo.
Bajo este escenario, un grupo de nueve fiscales examina desde el 2 de diciembre la investigación de la Policía Federal que acusó a Bolsonaro y a otras 36 personas por supuesta participación en el complot golpista.
Con el informe policial en sus manos, la Procuraduría General de la República (Fiscalía) decide si el político ultraderechista y los demás inquiridos serán denunciados, pedirá más indagaciones o archivará el sonado caso.
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