Al presentar el texto la experta asociada al Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, María Isabel Bonilla, subrayó que se aprobaron un total de 36 decretos en el año, aunque solamente presentaron 13 como iniciativas nuevas.
Del total –agregó- 15 venían de entre 2020 y 2023, y 1O de antes de 2020, mientras acotó que tampoco existió una agenda de conformidad con las bancadas y esto dificultó un trabajo orientado a una estrategia de bienestar nacional.
Resaltó, al ampliar sobre el estudio que cada año realiza la Alianza por un Congreso Eficiente, que solamente cinco decretos contaban con estudios financieros y técnicos.
En cuanto a la asistencia, la también analista vinculada al CIEN Fabiola Rodríguez comentó que el Parlamento sesionó en 66 ocasiones y la asistencia promedio fue de 84 por ciento, la más alta en los últimos ocho años.
La integrante de la plataforma Guate Visible Marielos Fuentes compartió, por su parte, que realizaron un monitoreo a 14 Comisiones de Trabajo, las cuales se vieron 267 veces entre febrero y octubre de 2024.
Añadió que el 60 por ciento de esos encuentros se dio de forma consecutiva, para cumplir con el mandato de reunirse como mínimo dos veces al mes.
El director ejecutivo de la Alianza por un Congreso Eficiente, Fernando Bon, especificó que en 2024 agendaron ocho interpelaciones a seis Ministros diferentes.
Solamente una –señaló- concluyó (la del titular de Gobernación Francisco Jiménez) y otra quedó sin efecto por renuncia (de Comunicaciones Félix Alvarado).
El investigador del CIEN Walter Menchú puntualizó que hubo 58 trabajadores más que en 2023 y, en promedio, cada diputado tiene tres, más tres asesores; sin embargo, 60 sobre seis y 1O una cifra superior a la decena de empleados.
En cuanto al presupuesto, Menchú agregó que «el gasto del Congreso aumentó 29 por ciento en los últimos seis años (el equivalente a poco más de 29 millones de dólares).
Para 2025 –advirtió- se incrementó 23 por ciento (sobre los 35 millones de dólares) el presupuesto aprobado, el más grande ascenso en ocho años, además de la subida del salario de los diputados.
La Alianza sugirió asimismo mantener la alta asistencia a las sesiones; mejorar la presencia en las Comisiones de Trabajo y el análisis técnico de las iniciativas de ley; así como emplear las herramientas de fiscalización de manera responsable.
Llamó a ajustar la asignación de recursos humanos al marco legal vigente; utilizar los recursos financieros del Congreso de manera transparente; y, continuar cumpliendo con la Ley de Acceso a la Información Pública.
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