Este miércoles se cumplió un mes de la desaparición de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, respectivamente, así como de Nehemías Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11, que salieron a jugar fútbol y fueron detenidos por militares.
El 8 de enero de 1988, los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo, de 17 y 14 años, desaparecieron durante el gobierno de León Febres Cordero y, según pesquisas, fue responsabilidad del escuadrón policial del Servicio de Investigación Criminal, SIC-10.
“Por nuestros niños, hasta la vida” fue la consigna de un grupo de manifestantes en la Plaza de la Memoria, en el norte de Quito, donde se congregaron con flores blancas y pancartas.
Las flores, rojas y blancas, fueron colocadas en los bajos de un mural que representa casos de desapariciones, ubicado a pocos metros de uno de los edificios de la Fiscalía General del Estado.
Por el caso más reciente, de los cuatro chicos del barrio guayaquileño de Las Malvinas, hay 16 militares en prisión preventiva procesados por el presunto delito de desaparición forzada.
A diferencia de los hermanos Restrepo, cuyo cuerpos nunca fueron hallados, los cadáveres de los niños de Las Malvinas fueron encontrados el 24 de diciembre pasado y, el 31 de diciembre, cuando el país se disponía a celebrar el año nuevo, la Fiscalía confirmó sus identidades.
Ese hecho puso bajo escrutinio el accionar de las instituciones del Estado, en particular las Fuerzas Armadas y sus atribuciones en el contexto del conflicto armado interno.
El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas apelaron la sentencia que reconoció la desaparición forzada de los cuatro niños, una petición a la cual se sumó el Ministerio del Interior, liderado por Mónica Palencia.
A su momento, el titular de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en cumplimiento de una orden judicial, pidió disculpas por lo ocurrido, pero insistió que el Gobierno llegará «hasta las últimas consecuencias» para que sea sancionada la magistrada Tanya Loor, que declaró el caso como desaparición forzada.
Mientras, se espera que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas informe a la defensa de los familiares de los niños si el Estado ecuatoriano presentó la información requerida sobre el caso, pues el plazo para cumplir ese requerimiento por el Gobierno venció este 7 de enero.
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