Con esa medida el mandatario decidió enfrentar el crimen organizado; pero, actualmente muchos se cuestionan la efectividad de tal decisión.
El decreto de Noboa implicó el despliegue de policías y militares por las calles del país, tras una ola de violencia sin precedentes y así aprehender a los miembros de las bandas criminales, catalogadas desde el 9 de enero pasado como terroristas.
Aquel día un grupo de delincuentes de la banda Los Tiguerones asaltó en plena transmisión en vivo el canal TC Televisión y dieron la vuelta al mundo las imágenes de los periodistas y trabajadores del medio como rehenes a quienes apuntaban con armas.
Desde entonces, policías y militares han realizado miles de operativos bajo el amparo del conflicto armado interno, cuya legalidad aún se cuestiona la Corte Constitucional por falta de argumentos, y también con una serie de estados de excepción decretados a nivel nacional y en provincias.
En un análisis sobre el tema, la socióloga Natalia Sierra y el economista Alberto Acosta advierten que en los dos primeros meses en que los militares asumieron el control de las cárceles y el patrullaje en el territorio nacional, hubo una reducción en la tasa de muertes violentas.
No obstante, Sierra y Acosta advierten que los asesinatos nuevamente crecieron desde el mes de marzo hasta llegar a su tope máximo en junio, cuando hubo 592.
Finalmente, a pesar de las medidas del gobierno, Ecuador cerró 2024 con casi siete mil homicidios, una cifra menor a la de 2023, pero aún alarmante.
El profesor de la Universidad Central del Ecuador Luis Córdova afirmó que la violencia criminal ha crecido cualitativamente, se ha transformado y se ha consolidado.
«La declaración de conflicto armado interno ha sido un fracaso total, es una guerra utilizada política y comunicacionalmente de forma burda y vergonzosa para que existan violaciones graves a los derechos humanos”, comentó el abogado constitucionalista Gonzalo Muñoz.
En entrevista con la emisora Radio Pichincha, Muñoz manifestó que esos abusos no solo son evidentes en el caso “terrible, desastroso e impactante” de los cuatro niños de Guayaquil, que desaparecieron desde que militares los detuvieron y luego aparecieron sus cuerpos calcinados.
Para el jurista, la estrategia utilizada por el Ejecutivo en la práctica no combate al crimen organizado, y 12 meses después el país sufre las consecuencias de la declaratoria de conflicto armado interno, sin que haya un líder de las bandas criminales detenido.
Es una guerra interna que no cumple con estándares internacionales y seguir con ella no tiene ningún sentido, añadió.
rc/avr
